martes, 22 de julio de 2014

Bajada de Cotizaciones Sociales y subida del IVA. Al Secretario de Estado de Seguridad Social se le acaban las excusas. Porque es conveniente y posible. Capítulo III: Cuanto y sobre que ha de subir el IVA para compensar la bajada de Cotizaciones Sociales.


Tomas Burgos, Secretario de Estado de Seguridad Social, aseguro que reducir cotizaciones sociales "es posible si se compensa a la Seguridad Social en las mismas cuantías que necesita para hacer frente al pago puntual, preciso y claro" de las prestaciones, que tiene una cuantía de 8.000 millones al mes.

Vamos a ver de dónde podemos sacar esos millones que necesita la Seguridad Social.

Por lo pronto este señor suelta la cifra mágica, 8.000 millones al mes, que no es tal. Y no lo es porque lo que se pide es bajar las Cotizaciones Sociales en 5 puntos de un total de 30 que supone la cotización empresarial, no eliminarlas.

Pues bien en el Presupuesto para 2014 de la Seguridad Social se prevén unos ingresos de 105.863.205.000 € por cotizaciones sociales de empresas y trabajadores.

Pero de estos 105.863 millones de euros las Cotizaciones Sociales al Régimen General, sobre el que se pretende la bajada, suponen 76.052.750.000 euros (el 71,84% del total de la recaudación).

Si tenemos en cuenta que estas cotizaciones suponen el 30,75% de la nómina, nos sale que cada punto de cotización proporciona anualmente a la Seguridad Social 2.473.260.163€, por lo que si bajamos 5 puntos la Cotización necesitaríamos compensar  12.366.300.815€ con una subida del IVA. La cosa ya no va pareciendo tan imposible.

No obstante no soy partidario de extender la bajada de Cotizaciones Sociales a todos los contratos si no solo a los indefinidos para incentivar la reducción de la tasa de temporalidad en España que se encuentra en el 23,92%.

De esta manera incentivaremos que el empresario opte en mayor proporción por los contratos indefinidos lo que promoverá la mejor calidad de nuestro empleo fomentando acciones de formación continua y reciclaje de las plantillas lo que redundara en una mejora de la productividad, la competitividad exterior y la menor siniestralidad en el trabajo.

Pues bien como ingresos por cuotas a la Seguridad Social  por los contratos indefinidos suponen el 82% del total de cuotas eso supondría que bajar en 5 puntos la cotización a estos contratos tendría un coste en menores ingresos para la Seguridad Social de 10.140.366.668€.

Con esto ya tenemos el primer dato que necesitamos.

Ahora se trata de saber cuánto ha de subir el IVA para compensarlo.

 Pues bien si subimos todos los productos sujetos a tipos de IVA Reducido (10%) y IVA Súper reducido (4%) al tipo general del IVA 21%) obtendríamos 9.322.343.268€.

Lo que sumado a los 1.645.025.549€ que ingresaría la Seguridad Social por las cuotas de los nuevos 228.000 trabajadores y las menores prestaciones que se pagarían al 56% de estos  que estadísticamente las estarían cobrando tenemos 10.967.368.817€.

Esto supone 827.002.149€ más de los que se dejarían de ingresar y ello sin contar con los 557 millones de euros más que se recaudarían por cada punto que se incrementaran los tipos de cotización del IVA sobre las importaciones.

Por ello estimado Sr Burgos, Secretario de Estado de Seguridad Social,  creo que se le están acabando las razones para no bajar las Cotizaciones Sociales a cambio de subir el IVA.

 



jueves, 17 de julio de 2014

Bajada de Cotizaciones Sociales y subida del IVA. Al Secretario de Estado de Seguridad Social se le acaban las excusas. Porque es conveniente y posible. Capítulo II: Un impacto en la creación de empleo nada despreciable.


En la misma intervención en la que Tomas Burgos, Secretario de Estado de la Seguridad Social enarbolo el argumento “asusta viejas” de que para que las Cotizaciones Sociales bajaran 4 ó 5 puntos el IVA debería subir 8 ó 9 añadió como corolario que todo ello para que el desempleo “solo” bajara un punto, del 25,93% al 24,93%. Para mí una medida por la que 228.893 españoles encuentren empleo es un objetivo por el que merece la pena esforzarse,  al menos estudiarse.

Vamos a dar unos datos que apuntalan esta afirmación.

En España hay 16.950.600  ocupados  y una tasa desempleo del 25,93% sobre la población activa. 5.933.300 españoles no tiene empleo.

Si el salario mínimo  de 752 euros lo multiplicamos por 14 pagas resultaría unos ingresos anuales mínimos de 10.528€ por cada nuevo empleado.

Si a este sueldo le aplicamos el 36,35% que suponen las Cotizaciones Sociales de trabajadores y empresarios resultan 3.826,92€  de ingresos anuales a la Seguridad Social por cada nuevo empleado, lo que multiplicado por 228.893 nuevos trabajadores supone un mínimo de 875.955.199 € de ingresos adicionales anuales a la Seguridad Social.

Si además y  como tenemos una tasa de cobertura de prestaciones por desempleo (contributiva, asistencial y renta de inserción) del 59,66%, donde la cuantía media mensual es de 821,7€ (lo reciben el 42,66%), el importe mensual del asistencial es de 426€/mes (lo reciben el 47,78%) igual que la renta activa de inserción (que lo recibe el 9,55%) todo esto hace una prestación media mensual global de 469,32€.

Esta cantidad de media elevada al año da 5.631,84€  que  multiplicado por el numero de nuevos ocupados que estadísticamente estarían cobrando una prestación, el 59,66%, serian 769.070.350€ menos de prestaciones por desempleo al año.

Por lo que sumando el ingreso por nuevas cotizaciones y la disminución de prestaciones nos daría 1.645.025.549€ de ingresos adicionales a la seguridad Social en el primer año, lo que no arregla del todo es problema pero no está mal.

miércoles, 16 de julio de 2014

Bajada de Cotizaciones Sociales y subida del IVA. Al Secretario de Estado de Seguridad Social se le acaban las excusas. Porque es conveniente y posible. Capítulo I: El impacto en las importaciones. Favorece la producción nacional y reduce el déficit exterior.


Empecemos con algunos datos. En España a un sueldo de 1000 euros mensuales el empresario ha de añadirle 299 euros por Cotizaciones Sociales, Fondo de Garantía Salarial, Desempleo y otra cantidad que va de 9 euros a 71,5 euros por Primas de Accidentes de Trabajo según la actividad que desarrolle el trabajador (fotógrafo el menor y minero el mayor).

En definitiva, en España contratar a un trabajador tiene como mínimo un sobrecoste del 30,8% que ingresa la Seguridad Social ocupando en la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico) el séptimo lugar por mayores costes sociales.

Últimamente la Unión Europea, el fondo Monetario Internacional  nos piden reiteradamente que bajemos las Cotizaciones Sociales y las compensemos con una subida del IVA.

Esta petición tiene su máxima expresión en Dinamarca donde las pensiones y prestaciones sociales se financian exclusivamente vía impuestos no existiendo cotizaciones sociales sobre el salario.

A esta lógica petición, avalada por el Informe Lagares de Reforma del Sistema Tributario, el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, nos ha salido con un argumento de asusta viejas impropio del nivel técnico que se le presupone “para bajar las cotizaciones sociales 5 puntos- del 30,8% al 25,8%- deberíamos subir el IVA al 29% y no creo que nadie esté pensando en esto”. Y se acabo el debate, o no, porque no cuenta toda la verdad.

España sufre un curioso fenómeno resultado de su escasa producción industrial y escasa investigación e innovación, importamos más que exportamos. Tanto que si no fuera por los ingresos del turismo, y en tiempos anteriores a las remesas de los emigrantes, nuestro déficit sería crónico y nos habría llevado hace tiempo a la bancarrota.

No podemos aspirar a ser punteros en todos y cada uno de los sectores, ningún país lo es, pero también es verdad que compramos productos que incorporan escasa o nula tecnología con origen en países que nos hacen dumping social, China y el sudeste asiático, al no incorporar los costos que si tenemos en España para mantener nuestro sistema de bienestar.

Hay que recordar que cuando importamos un producto terminado estamos trasladando riqueza generada en España al exterior sin obtener nada a cambio.

Por ello una buena opción es aplicarle el IVA sobre el costo total del producto con el que encarecemos su precio haciéndolo menos atractivo en precio ante el consumidor final frente a productos nacionales o de la Europa comunitaria y recuperando, en parte, a través del IVA los costos sociales que no lo han grabado en origen.

Hay que tener en cuenta que las importaciones supusieron el año 2012 para España 55.784 millones de euros con lo que cada 1% que subiéramos el IVA supondría un ingreso adicional de 557 millones de euros al año. No lo resuelve todo pero ayuda. Continuara….

 

 

 

jueves, 10 de julio de 2014

¿Quién teme a la elección directa de cargos públicos? Las coaliciones de perdedores.


Resulta sorprendente el revuelo que ha suscitado la propuesta de Rajoy para la reforma de la ley electoral con vistas  a la elección de Alcalde, o no, como diría el gallego.

Quienes más protestan airadamente son los que tienen más que perder. IU, PSOE y los partidos minoritarios que han hecho de la elección de Alcalde en los municipios un reparto de poder, todo antes de que gobernara el PP.

En Andalucía tenemos ejemplos cercanos como el del PA que servía igual para un roto que para un zurcido sin importarle a quien apoyaba con tal de ocupar siempre la Delegación de Urbanismo. En Sevilla se beneficio de ello tanto el PP de Soledad Becerril como el PSOE de Sánchez Monteseirin.

Resulta lógico que proteste la Presidenta de la Junta de Andalucía pues lo es sin haber ganado las elecciones. Pero es que tampoco las gano quien le cedió el sillón, Griñan, que perdió ante Javier Arenas las últimas elecciones autonómicas andaluzas.

Es lógico que proteste IU pues sin ese y otros muchos pactos de perdedores no hubiera, por ejemplo, gobernado 8 años con el PSOE en Sevilla o no detentaría la Vicepresidencia, Consejerías y otras canonjías en Andalucía.

Pero no es lógico que lo haga el PSOE a nivel nacional cuando llevaba esta propuesta en su último programa electoral.

No es lógico que quienes lo critican lo hagan por no ser democrático, ¿no es una democracia Francia donde lleva años funcionando con éxito?

No es lógico tampoco que se critique por presuponer que ello le iba a permitir al PP mantener un buen número de Alcaldías, ¿es buena una cosa o no según los efectos que en un momento determinado tenga? ¿No será que algunos le tienen miedo al principio de un hombre un voto y prefieren los arreglos de despacho?

Se podrá discutir si a una o dos vueltas.

Yo soy de los que piensan que mejor a dos vueltas pues debe dejarse al ciudadano decidir  a la vista de los resultados y de las alianzas o apoyos posteriores que sean públicos.

Quien tema como algunos la formación de un “Frente Popular” revela tener muy poca seguridad en sí mismo o muy poca fe en la capacidad de discernir y elegir del ciudadano.

 

 

Otra liberalización pendiente, las ITV. En Comunidades como Andalucía son un monopolio. La competencia aumenta el número de instalaciones, mejora el precio y el servicio.


Recientemente la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ah emitido un informe sobre las ITV.


Sus conclusiones y peticiones a futuro son:

1.-Pide que se pase del régimen de concesiones mayoritario a uno de autorizaciones, en el que el número de operadores no está limitado para realizar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Concluye que la concesión administrativa limita la competencia pues las condiciones están muy homogeneizadas en cada comunidad y el mercado repartido. Qué decir de Andalucía donde solo hay un operador.

En cambio, con la fórmula de la autorización, donde no se puede negar la entrada a quien cumpla los requisitos, "se ha comprobado que se da una intensa dinámica de competitividad... en variables como localización, horarios, servicios adicionales o precios". Añadiendo para ello la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión para que esa lucha no revierta en una peor calidad de los servicios. Por ejemplo, en Madrid funciona en régimen de autorización y el número de centros se ha multiplicado por más de tres desde 2011.

2.-Propone que se eliminen las obligaciones de que cada ITV tenga unas dimensiones y número de líneas de inspección mínimas pues ni estas exigencias ni las restricciones que impone el sistema de concesión administrativa "son necesarios y proporcionales".

3.-Piden liberalizar esta actividad, anulando para ello el actual régimen de incompatibilidades que impide que puedan abrir una ITV todos aquellos que tengan relación con empresas de transporte por carretera, el comercio de automóviles o la gestoría o aseguramiento. Con ello se abriría la puerta a que los concesionarios prestasen este servicio. Es más, estos podrían realizar actividades de venta, reparación e inspección en las instalaciones autorizadas.

4.- Al estar vigente el sistema de concesiones en muchas comunidades Autónomas solicita que como fórmula de transición al régimen de autorización se suspendan el otorgamiento de nuevas concesiones y no se prorroguen las existentes.  De este modo facilitaría la amortización de las instalaciones por los actuales operadores sin que pudieran solicitar daños y perjuicios por la interrupción, antes de su plazo de vigencia, de las actuales.

El seguir estas pautas está en mano de las Comunidades Autónomas y en el caso de Andalucía, al existir un único operador en régimen de monopolio la actuación es aún si cabe más urgente.

Al final a quien se beneficia es al consumidor que no pagamos los sobrecostes de una gestión ineficaz al no existir competencia. Un caso más de administración paralela o casi.

 

miércoles, 9 de julio de 2014

La cuadratura del círculo. Reformas que ahorran dinero y no cuestan nada. ¡A que esperamos¡


Es un avance evidente y beneficia a todos el que un producto pueda ofrecerse a mejor precio al consumidor. Esto se refuerza si pensamos que ese ahorro de costes puede servir para que nuevas industrias se implanten en España o que las fábricas ya implantadas obtengan mayores pedidos o exporten en mejores condiciones.

Así sucede con los costes logísticos que pueden reducirse en España en un 5% con tres simples medidas a adoptar por el Gobierno, la autorización de camiones de 25 metros, el permitir trenes de mercancías de 750 metros y simplificar la burocracia de despacho aduanero y embarque en puertos y aeropuertos.

Estas cuestiones eran puestas de relieve recientemente por Rafael Prieto, Presidente saliente de ANFAC, asociación nacional de fabricantes de automóviles http://www.expansion.com/2014/07/01/empresas/motor/1404230015.html quien señalaba que "Si queremos optar a recibir nuevos modelos en la siguiente ronda de adjudicaciones, se empezará a negociar dentro de tres años, un ahorro de 50 céntimos por coche puede decidir dichas adjudicaciones".

La cifra de 50 céntimos como diferencial para decidir sobre la asignación de fabricación de un nuevo modelo nos debe dar la clave de la importancia de reducir costos. Costos que debemos bajar por otro lado que no sean los costos salariales, representan el 12% del costo de un vehículo, que han sufrido un notable minoración y que deben estabilizarse o mejorar para asegurar un crecimiento sostenido de la demanda interna por que España debe aspirar a ser un mercado de excelencia y alta productividad antes que el paraíso de los salarios bajos del “primer mundo”.

Por ello es importante la intención del Ministerio de Fomento y de la Unión Europea de autorizar la circulación de camiones de 25 metros y 60 Toneladas de carga. Sería bueno que lo hiciera España sin necesidad de esperar a la UE pero su influencia seria necesariamente nacional puesto que Portugal y Francia aún no los autorizan, pero la deseable armonización no debe llevarnos a retrasar la adopción de ventajas competitivas frente a nuestros vecinos que disfrutan de mayores niveles de renta, menores costes energéticos y mucho menores índices de paro que España.

Por ello si la actividad industrial es la que mejor y más continuadamente eleva el nivel y cantidad del empleo no solo en su sector sino en los servicios asociados a la empresa  ¿a que estamos esperando?.

Si quieres saber más consulta
http://www.transportemundial.es/camiones-mas-largos-y-pesados/


 

 

 

Eliminar aforamientos de jueces, fiscales y políticos. Una medida favorable para Rajoy sino espera a que le obliguen a tomarla.


No se trata de reivindicar, por apuntar una posible línea acción gubernamental, el que en este blog ya se comentara que la reducción de aforados era una vía para la regeneración política y favorable para que el Gobierno,  el PP, volviera a sumar adhesiones ciudadanas pues todo apunta que Rajoy va por ese camino.


Se discute mucho del tema, pero existe una creencia simplista de que en España  únicamente los políticos gozan de este privilegio y nada más lejos de la realidad.

De ese número mágico que va de boca en boca y que está asentado en el subconsciente de los españoles, 10.000 aforados, 5.370 son Jueces y 2.400 fiscales. Aparte de ellos lo son los miembros de la Casa Real, el Presidente del Gobierno y los ministros, diputados, senadores, presidentes y diputados autonómicos.

¿Pero qué supone esa protección jurídica? el aforamiento lo único que quiere decir es que en lugar de que te juzgue el juez de primera instancia, el juzgado de instrucción, se va directamente al tribunal superior de Justicia o al tribunal Supremo.

Eso sí, somos récord europeo de aforados. En países como Alemania y Reino Unido no existen. Sólo el presidente goza de esa condición en Portugal e Italia y en Francia apenas una veintena de personas tienen esa protección.

Por ello una drástica reducción del número de aforados-que debe afectar por igual a jueces, fiscales y políticos- sería visto por los ciudadanos como una muestra palpable del ánimo e impulso reformista alejado de declaraciones vanas o propuestas indefinidas a futuro.

Aparte de ello su coste político sería ínfimo, si existe, pues lo que es noticia negativa para un partido o su entorno es que uno de sus miembros vea acusado o imputado, no el carácter o nivel del tribunal que lo juzgue.
Además de ello esta medida llevaría aparejado  el que fiscales y jueces afinaran mucho más los supuestos, en ocasiones demasiado endebles, en los que dieran curso a esas causas pues de otro modo los juzgados se verían inundados de causas contra responsables políticos con el único o principal motivo de condicionar su conducta a la hora de tomar decisiones que naturalmente y en todas las ocasiones o perjudican a algunos o no gustan a todos.

Para conocer más


 

 

martes, 8 de julio de 2014

Los jueces contra la ley. La Audiencia Nacional avala la violencia contra las personas y las instituciones. Para seguir así más valdría disolverla.


Lleva una racha la Audiencia nacional con decisiones y opiniones  de sus distintas secciones,  salas  y magistrados que parecen ir aconsejando echarle el cerrojo y tirar la llave.

Para quien lo desconozca  la Audiencia Nacional es una instancia judicial, sui generis y que no existe en buena parte de las judicaturas del mundo civilizado. Y no existe porque supone eliminar o sustituir al juez natural, el que por la materia y localidad donde se desarrollan los hechos debiera corresponderle al encauzado, lo que en principio va contra el principio de existencia de jurisdicciones especiales.

Hay que recordar que la Audiencia nacional nació  de la necesidad de contar con un tribunal independiente capaz de juzgar los crímenes del terrorismo sin verse afectado por la presión política y social del entorno de la organización ETA, algo que se entendió era imposible si estos juicios se llevaban a cabo en el País Vasco con la presión inmediata y directa del terrorismo etarra. Y hay que reconocer que para dicha función ha dado sobrados y meritorios servicios a España, incluso a costa de la vida e integridad física de algunos de sus miembros como la fiscal Carmen Tagle que cayeron víctimas de la banda asesina y mafiosa ETA.

No obstante y de un tiempo a esta parte miembros muy destacados de la Audiencia Nacional, magistrados y fiscales, perecen aquejados de un “mal de altura" que les lleva a postularse como interpretes únicos y verdaderos no de la ley, a la que todos estamos sometidos, sino de la justicia y de la ética o moral, “sobrevolando” por encima de Parlamento, Gobierno, Consejo del Poder Judicial o cualquier otro que se atreva a salirse del “camino” que solo ellos parecen conocer.

Y hay que recordar a estos señores que el estado de Derecho se basa en la separación de poderes, y dentro de este los jueces están para hacer cumplir las leyes que promulga el Parlamento, para hacer cumplir la ley, no para inventársela o interpretarla de forma contraria al ánimo del legislador para impedir lo que este quiso hacer posible. nadie les pide que esten de acuerdo con ello por que su opinión no es la que cuenta sino la del legislador que elegimos los españoles.

Están frescos los casos de resistencia “beligerante” a la ley de Justicia Universal, llegando a poner en libertad a Narcotraficantes cuando España es firmante del Tratado Internacional contra el narcotráfico y por tanto es derecho nacional, sin que nadie haya tomado medidas disciplinarias contra ellos.

Esta fresca la sentencia sobre el ERE de Coca Cola, donde el ponente llevaba a limites exorbitantes el deber de la empresa de informar, no conformándose, como se hizo, con la entrega de toda la documentación a los sindicatos.

Esta fresca la declaración del magistrado José Ricardo De Prada en la que señalaba, que a su parecer, como si a los ciudadanos que le pagamos el sueldo nos importara un pimiento su opinión,  las condenas a miembros de ETA  eran demasiado "altas y desproporcionadas".

Pues no contento con ello ahora la Audiencia Nacional exculpa a los 19 imputados por delitos contra las instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita por rodear el Parlamento Autonómico catalán e impedir violentamente el acceso al hemiciclo a los miembros de esta asamblea bajo el peregrino argumento de que “todos ejercieron el derecho fundamental de manifestación, sin que pueda imputárseles acto alguno que pudiera significar un exceso o abuso”. “Cuando los cauces de expresión se encuentran controlados por medios de comunicación privados [...] resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación”.

Como muy bien señala hoy Hermann Tertsch en su columna de hoy en ABC http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20140708&idn=1612946947866 “si las instituciones entregan la calle a la violencia, nuestra democracia se suicida” y viendo como esta instancia judicial y otras  justifican este caso, o el de los acosos o escraches a los políticos parece que algunos en la Audiencia nacional y otros ámbitos de la judicatura andarán  empeñados en ello.

Un artículo que no puedes dejar de leer. Como unos profesionales se aseguran sus ingresos limitando la competencia y a costa del usuario que está obligado a contratarlos. Razones de más para la liberalización de servicios y el aumento de la competencia.


Estimado lector, puede que las pasadas elecciones europeas y lo que las rodeo no te dejaran tiempo para leer un muy bien argumentado y razonado artículo de Lorenzo B. de Quirós en el suplemento “Mercados” de El Mundo el pasado 25 de Mayo y que podrás leer integro en  http://www.elmundo.es/economia/2014/05/24/537fbdeb22601de60f8b4574.html

Centraba su alegato en “terminar con el anacronismo que supone la institución de la procura. La mejor opción sería hacer desaparecer la figura del procurador, concentrando en los abogados las funciones de asistencia y de representación ante los tribunales como se ha hecho en Francia y en Italia”

Y si bien hacia una disertación exhaustiva hay que entenderlo no meramente como un ataque aislado a los procuradores y a la función que cumplen  sino que hay que extrapolarlo a todas aquellas profesiones a las que hemos de recurrir en algún momento o circunstancia de nuestra vida donde el acceso está limitado y los precios fijados por ley.

Sirva como aperitivo para abrir boca su último y no menos sabroso párrafo El Colegio de Procuradores de España es una muestra paradigmática de las élites extractivas conceptualizadas por Acemoglu y Robinson en su monumental libro, Why Nations Fail. Atrincherados tras una ley que les protege de la competencia y mantiene viva una actividad profesional cuya razón de ser ha desaparecido, disponen de los recursos necesarios para preservar sus privilegios. Su comportamiento es el descrito por los teóricos de la Elección Pública, esto es, los costes de su statu quo se distribuyen entre muchos, los usuarios obligados a consumir sus servicios, mientras sus beneficios se concentran en pocos, los procuradores. En este contexto, sus incentivos a movilizarse para salvaguardar sus prebendas son muy altos. Ante la ofensiva de un grupo de interés y ante la pasividad de sus víctimas, la tentación de cualquier gobierno es no meterse en líos o a cambiar algo para que todo siga igual.”

Esperemos que el gobierno enmiende total o en parte estas situaciones en la futura ley de Servicios. Que Ustedes y yo lo veamos.