Sorprende que una reforma que afecta
a un gran número de personas históricamente beneficiadas por los “derechos
adquiridos” se lleve a término en un año electoral como el 2015.
Pero hemos de alegrarnos que así sea pues
elimina una distorsión histórica de nuestro mercado inmobiliario. Habrá quien
impute dicha medida a la política de “recortes” de Rajoy. Nada más lejos de la
realidad, dicha medida estaba contemplada desde mucho antes a que llegara a la
Presidencia del Gobierno en nuestra Ley de Arrendamientos Urbanos.
Y digo que afortunadamente ha llegado
a término pues suponía el que hubiera locales de negocio de primera y de tercera, ni siquiera de segunda.
Los de primera tenían unos contratos
en los que los precios de los alquileres estaban congelados “desde que Franco era cabo”, sin clausula de
revisión conforme al IPC y daban lugar a que el propietario tenía más
gastos-mantenimiento, IBI, Impuesto del Patrimonio, etc.- que ingresos por el
alquiler de dicho local.
En virtud de no sé qué principio el
propietario “subvencionaba” el negocio
del inquilino frente a aquellos, “los inquilinos de tercera”, que venían a
tener que pagar el alquiler que en cada momento fijaba el mercado, su contrato
estaba sujeto a plazos inprorrogables y partían con desventaja, al fijar los
costes fijos de partida, respecto a los negocios del mismo sector que tenían
Renta Antigua.
Pues bien, gracias a Dios esta
dualidad se ha eliminado y a partir de ahora el precio lo fijara el mercado, el
que un negocio u otro prosperen dependerá de la calidad y novedad del producto
o servicio, actitud ante el mercado y precio que fije para el cliente, no del “subsidio”
que venía obteniendo del propietario.
Ahora los que pretendían seguir con
el privilegio se lamentan, piden prorrogas, medidas compensatorias ¿No pensaron
en ello durante los muchos años que se han beneficiado de este tratamiento
privilegiado? Años tuvieron para alcanzar un acuerdo equilibrado con los
propietarios y no lo hicieren queriendo ordeñar la vaca hasta lo último.
Y en eso no se diferencian los
inquilinos según que el propietario fuera privado o público. Conozco el caso de
un Bar situado en un muy visitado Jardín histórico de mi ciudad, con
dependencias administrativas a su alrededor-ya se sabe el cafelito de los
funcionarios y de quienes nos visitan- que venía pagando 12 euros AL AÑO al
Ayuntamiento titular del inmueble. ¡Por favor no me tiren de la lengua! Y no,
para el que piense mal, no tengo ni he tenido ningún inmueble en alquiler.
