Jaime Mayor Oreja, el vencedor de ETA

Tal vez a algún desmemoriado, o demasiado joven para tener el recuerdo vivo de aquella época sangrienta que conocemos como los “años de plomo” vera mucho atrevimiento en esta afirmación, pero a poco que se refresquen los hechos coincidirá en la justicia que encierra.

Como ministro del Interior desde el primer gobierno de José María Aznar le toco tomar decisiones muy duras que se revelaron tremendamente aceradas.

Lo primero que hizo fue desautorizar los contactos con ETA que mantenía el anterior gobierno socialista a través del mediador Adolfo Pérez Esquivel, con lo que mandaba un mensaje claro a los criminales de que perdieran cualquier esperanza de obtener réditos políticos por su actividad asesina.

Lo segundo fue negarse a los atajos o guerra sucia y entregar todos los medios personales, materiales y apoyo político a la acción de Guardia Civil y Policía Nacional, reafirmando su moral de victoria y la legitimidad de su acción en la persecución del crimen.

Y por último y no menos importante, rescato el valor y dignidad de las víctimas de los asesinos etarras, reivindicándolas como personas y por su labor de sostén moral de  una sociedad que luchaba contra los que pretendían imponer sus ideas con la exclusiva fuerza de las armas amordazando las libertades más esenciales de los españoles.

A resultas de ello no tardaron en llegar los éxitos aún acompañados de dolorosas perdidas. La liberación de Ortega Lara tras 532 días de secuestro fue un revulsivo y un rearme moral de los españoles que los asesinos etarras quisieron quebrar con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Sin embargo, los asesinos etarras cosecharon lo contrario de lo que pretendían pues los españoles perdieron el miedo, la rabia inundo sus corazones ante tamaño desprecio a la vida humana y de ello surgió un rechazo unánime a ETA y sus cómplices que permanece hasta hoy.

El resto, la persecución y acoso del aparato de financiación y propaganda, la desaparición de la kale borroka en las calles de las provincias vascas y por fin la “tregua trampa” de los etarras no fueron sino consecuencia del agotamiento de los asesinos a resultas de las sucesivas capturas de sus cúpulas, la desaparición del santuario francés, fueron consecuencia de que los sucesivos ministros del Interior del PP continuaron lo que él puso en marcha.

No acertara aquel que crea que poner a Jaime Mayor Oreja en cabeza suponga relegar o minusvalorar el sacrificio de la Guardia Civil, la Policía Nacional, los ertzainas, políticos socialistas, populares y ciudadanos que sufrieron directa y sangrientamente la acción de los asesinos etarras. Lo que pasa es que fuerzas de seguridad y ciudadanos veníamos sufriendo a los asesinos desde hace más de cuarenta años y en esos años nadie como él desde el Ministerio del Interior supo poner las bases de la derrota de ETA.

Los instrumentos, la dignidad, la memoria, la legalidad y la acción constante sin desaliento por los tropezones momentáneos estaban a disposición de quien quisiera usarlos y sin embargo hasta que Jaime Mayor Oreja los tomo como bandera de su acción política la victoria no estuvo cerca.

Por ello mi reconocimiento, memoria y agradecimiento por su labor y la de los casi mil asesinados por ETA, los guardias, policías, políticos y españoles que entregaron su vida y su esfuerzo para acabar con estos asesinos.

Por la boca muere el pez

No hace un mes que El Independiente publicó un artículo en el que el Coronel Jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbi, afirmaba ufano que en su unidad “el margen de error era cero”, y poco más de un mes ha necesitado la realidad para desmentirlo.

No solo ha sido el caso de Cristina Cifuentes, el del exministro Manuel Pimentel, sino que el remate lo ha dado el archivo de la causa contra Rodrigo Rato por la privatización de empresas públicas. En esta última ocasión el juez instructor no ha sido nada benevolente con el trabajo desplegado por los miembros de esta unidad afirmando que se basa “en sospechas sin fundamento…no existiendo indicios más allá de la sospecha” y negándose a continuar las pesquisas por lo que ha archivado el caso.

Desde luego estos casos no descalifican la labor de todos los integrantes de la unidad ni ponen en cuestión otra cosa que el envanecimiento de algunos de sus miembros, el ausente control de calidad de los mandos sobre la labor de sus subordinados y la negligente dejación de quienes debieran guiar su actuación, jueces y fiscales, que han preferido que otros les hagan el trabajo prejuzgando las conductas de los investigados.

Esto que tendría graves consecuencias en cualquier otra organización puede tener efectos fatales cuando se trata de quienes pueden poner en cuestión los elementos más preciados de cualquier ciudadano, la libertad, su buen nombre y su patrimonio, en cuya salvaguarda se instituyo la seguridad jurídica, por la que nadie puede ser encauzado por algo que no está tipificado en el Código Penal de forma previa,  la presunción de inocencia por la que es el acusador quien debe probar sin sombra de dudas la culpabilidad del encausado y la garantía de derechos del investigado cuya tutela debiera recaer en el juez instructor y el fiscal y que ha desaparecido de hecho de nuestro procedimiento de enjuiciamiento criminal al asumir, fiscales y jueces instructores, el papel de acusadores públicos con todos los instrumentos de violación de los derechos individuales a sus servicio y sin ningún contrapeso o responsabilidad por el mal o abusivo uso de los mismos.

Tal es el panorama que presenta el enjuiciamiento penal español que nos convierte en una anomalía dentro del panorama judicial de las naciones democráticas. Un procedimiento que sigue basado en un principio inquisitorial, donde la investigación es mayormente prospectiva “a ver que encuentro” basada las más de las veces en un prejuicio más que en un hecho y en la que sus partícipes, policías, jueces y fiscales, buscan antes el sustento de una hipótesis preconcebida que la verdad.

Es por ello que urge una reforma urgente y meditada del procedimiento investigador y de enjuiciamiento criminal en la que la labor investigadora se lleve a cabo bajo la dirección efectiva, no meramente formal, por los fiscales que sean quienes califiquen los hechos surgidos de la investigación y donde el juez ejerza el control de la transgresión de derechos fundamentales, el de la libertad, confidencialidad de las comunicaciones e inviolabilidad del domicilio del investigado.

De otro modo estaremos cada día más cerca de un estado policial con el agravante de que en un mundo en el que la información es masiva e instantánea, donde el investigado desconoce de qué y porque se le acusa mientras otros, jueces y medios de comunicación, disponen del total y lo dosifican a su conveniencia para prejuzgar o mediatizar la “condena social” del ciudadano, de nada sirve su postrera absolución cuando su patrimonio estar destrozado, sus medios de vida aniquilados y su fama pública echada por los suelos.

Y mientras tanto eso llega no estaría de más que mandos policiales, jueces y fiscales predicaran más la humildad frente a la soberbia de quienes se creen ajenos al error, poseedores de la verdad y por encima del bien o el mal, recordando a Ícaro que engreído quiso volar hasta el sol y cayó al mar.

Para ser infalible hay que ser Papa además de hablar ex cathedra y me pega que los mandos de la UCO, fiscales y jueces no pasarían el cursillo de monaguillos.

 

Los jueces, muy “echaos palante” con la Guardia Civil y los médicos de Urgencias de Sevilla dejan irse de rositas a sus compañeros de la Audiencia Nacional que dejaron libres a 50 narcotraficantes

Ayer conocimos que el juez de instrucción número 2 de Melilla había imputado al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla por las llamadas “devoluciones en caliente” y que la juez de Instrucción número 5 de Sevilla había imputado a tres médicos de Urgencias del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a cuenta de la atención al indigente polaco que murió posteriormente.

Y pese a lo distinto que pudiera parecer estos casos tienen similitudes destacables.

Lo primero es que se refieren a puestos y conductas de “primera línea”. Uno en la frontera con Marruecos, donde un día sí y el otro también, de forma individual o en avalancha, cientos de africanos intentan asaltar violenta e ilegalmente nuestras fronteras y el otro en el sobrecargado además de desnaturalizado servicio de Urgencias donde se atienden multitud de casos que no son tales, casos que lo que el paciente trata es de evitar las colas del médico de cabecera o especialista cuando no la interminable lista de espera para una intervención quirúrgica y donde, sobre la marcha, hay que establecer diagnostico y tratamiento.

Lo segundo es que en ambas situaciones se suele estar bajo la presión de un número de personas que supera la de guardias o facultativos y cuyas actitudes suelen ser de todo menos respetuosas o “no violentas” que imponen un estrés difícil de apreciar desde nuestra salita viendo el telediario o  en la cómoda lectura de un sumario.

Lo tercero es que a estos guardias o médicos entregamos el preservar nuestra libertad, seguridad o salud pero les escamoteamos medios. Y aún haciéndolo cumplen a diario con su obligación y se sobreponen con su dedicación a las carencias.

Pero lo que es peor, cuando en casos como estos algún “puro de corazón” o “defensor de causas perdidas” los demanda, les echa en cara la falta de proporcionalidad o profesionalidad en sus actuaciones los dejamos solos, allá se las apañen.

He echado de menos en ambos casos la actuación valiente de sus responsables políticos poniéndose delante de ellos y asumiendo la responsabilidad que les cabe. Que distinto el comportamiento de Margaret Thatcher  en el Parlamento Británico cuando se le pregunto que quien había dado la orden de disparar contra dos miembros del IRA en Gibraltar. Dijo “YO” y se acabo el debate.

Pues bien a esos jueces, o a otro cualquiera, que tan diligentes han sido al imputar a ese guardia civil y esos médicos no les he oído levantar la voz, emitir auto alguno contra sus compañeros Predraz, Andreu, etc. de la Audiencia Nacional que contra el criterio unánime del Tribunal Supremo han puesto en libertad a 50 narcotraficantes.

“Perro no come  perro” suele decirse, pero es una pena ver como se pretende ser fuerte con los débiles pero no se tienen tales “audacias” con los superiores o iguales.

Luego no nos extrañemos si se cuelan a millares por nuestras fronteras o si tardan horas en atendernos en Urgencias pues obligan a unos a no ejercer la función que todos les hemos encomendado y a los otros a someter a un exhaustivo examen médico a cualquiera aunque lo que le haya llevado a la sala de espera sea un resfriado mal curado. Pero claro estos jueces ni estarán al pie de la verja de Ceuta o Melilla ni se manchan las manos con las pústulas de los enfermos. Vamos es que en Liberia, con el Ebola, ni se les espera.