Alguien en la fiscalía está perdiendo la olla y no es Moix

Estos últimos días ando en un sobresalto permanente a resultas de la errática actuación de algunos fiscales y concretamente de aquellos que llevan el caso Lezo.

Ya es aberrante que se aireen los debates de la junta de fiscales anticorrupción dando una versión unilateral de la misma, pero plantear sospechas sin pruebas sobre el contenido de la reunión de Pablo González con el Secretario de Estado de Seguridad roza, sino supera, la difamación.

Lean y reflexionen sobre la frase que reproducen los periódicos «la presunta investigación "chivada" del Secretario de Estado».

Ya de por si es preocupante el uso incorrecto de la preposición “del” que priva de cualquier significado coherente a la frase. ¿Quisieron decir “por”? Porque si es esto lo que quieren decir “chivada POR el Secretario de Estado” solo tiene dos opciones, o tiene pruebas y lo denuncian así ante el juez o si lo dicen sin pruebas lo que procede es su cese inmediato y su comparecencia ante los juzgados imputados por difamación.

Sinceramente creo que aquí los fiscales se han pasado de frenada y alguien, el Fiscal general, el Ministro de Justicia y el Gobierno tienen que tomar cartas en el asunto y tomar medidas que reconduzcan, mientras no se cambie la ley de Enjuiciamiento Criminal, la actuación de los fiscales a los límites que les impone la ley.

De otro modo algunos de estos profesionales pueden creerse amparados por la discrecionalidad más absoluta, la arbitrariedad, en sus actuaciones y la irresponsabilidad de sus conductas que es la forma más elaborada de absolutismo y totalitarismo, o de otra forma, la más absoluta perversión de la Justicia que está convirtiéndose en un pulso a los órganos de la Fiscalía y el Gobierno.

Y señores Maza, Cardenal y Rajoy, el poder esta para ejercerlo y esto vale tanto para los fiscales que se desvían en su cometido como para los separatistas, y, si no saben o no quieren, ya están tardando en echarse a un lado porque estarían dimitiendo del cumplimiento de su obligación con el Estado de Derecho y los ciudadanos.

 

Los jueces, muy “echaos palante” con la Guardia Civil y los médicos de Urgencias de Sevilla dejan irse de rositas a sus compañeros de la Audiencia Nacional que dejaron libres a 50 narcotraficantes

Ayer conocimos que el juez de instrucción número 2 de Melilla había imputado al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla por las llamadas “devoluciones en caliente” y que la juez de Instrucción número 5 de Sevilla había imputado a tres médicos de Urgencias del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a cuenta de la atención al indigente polaco que murió posteriormente.

Y pese a lo distinto que pudiera parecer estos casos tienen similitudes destacables.

Lo primero es que se refieren a puestos y conductas de “primera línea”. Uno en la frontera con Marruecos, donde un día sí y el otro también, de forma individual o en avalancha, cientos de africanos intentan asaltar violenta e ilegalmente nuestras fronteras y el otro en el sobrecargado además de desnaturalizado servicio de Urgencias donde se atienden multitud de casos que no son tales, casos que lo que el paciente trata es de evitar las colas del médico de cabecera o especialista cuando no la interminable lista de espera para una intervención quirúrgica y donde, sobre la marcha, hay que establecer diagnostico y tratamiento.

Lo segundo es que en ambas situaciones se suele estar bajo la presión de un número de personas que supera la de guardias o facultativos y cuyas actitudes suelen ser de todo menos respetuosas o “no violentas” que imponen un estrés difícil de apreciar desde nuestra salita viendo el telediario o  en la cómoda lectura de un sumario.

Lo tercero es que a estos guardias o médicos entregamos el preservar nuestra libertad, seguridad o salud pero les escamoteamos medios. Y aún haciéndolo cumplen a diario con su obligación y se sobreponen con su dedicación a las carencias.

Pero lo que es peor, cuando en casos como estos algún “puro de corazón” o “defensor de causas perdidas” los demanda, les echa en cara la falta de proporcionalidad o profesionalidad en sus actuaciones los dejamos solos, allá se las apañen.

He echado de menos en ambos casos la actuación valiente de sus responsables políticos poniéndose delante de ellos y asumiendo la responsabilidad que les cabe. Que distinto el comportamiento de Margaret Thatcher  en el Parlamento Británico cuando se le pregunto que quien había dado la orden de disparar contra dos miembros del IRA en Gibraltar. Dijo “YO” y se acabo el debate.

Pues bien a esos jueces, o a otro cualquiera, que tan diligentes han sido al imputar a ese guardia civil y esos médicos no les he oído levantar la voz, emitir auto alguno contra sus compañeros Predraz, Andreu, etc. de la Audiencia Nacional que contra el criterio unánime del Tribunal Supremo han puesto en libertad a 50 narcotraficantes.

“Perro no come  perro” suele decirse, pero es una pena ver como se pretende ser fuerte con los débiles pero no se tienen tales “audacias” con los superiores o iguales.

Luego no nos extrañemos si se cuelan a millares por nuestras fronteras o si tardan horas en atendernos en Urgencias pues obligan a unos a no ejercer la función que todos les hemos encomendado y a los otros a someter a un exhaustivo examen médico a cualquiera aunque lo que le haya llevado a la sala de espera sea un resfriado mal curado. Pero claro estos jueces ni estarán al pie de la verja de Ceuta o Melilla ni se manchan las manos con las pústulas de los enfermos. Vamos es que en Liberia, con el Ebola, ni se les espera.

 

 

 

Los jueces contra la ley. La Audiencia Nacional avala la violencia contra las personas y las instituciones. Para seguir así más valdría disolverla.

Lleva una racha la Audiencia nacional con decisiones y opiniones  de sus distintas secciones,  salas  y magistrados que parecen ir aconsejando echarle el cerrojo y tirar la llave.

Para quien lo desconozca  la Audiencia Nacional es una instancia judicial, sui generis y que no existe en buena parte de las judicaturas del mundo civilizado. Y no existe porque supone eliminar o sustituir al juez natural, el que por la materia y localidad donde se desarrollan los hechos debiera corresponderle al encauzado, lo que en principio va contra el principio de existencia de jurisdicciones especiales.

Hay que recordar que la Audiencia nacional nació  de la necesidad de contar con un tribunal independiente capaz de juzgar los crímenes del terrorismo sin verse afectado por la presión política y social del entorno de la organización ETA, algo que se entendió era imposible si estos juicios se llevaban a cabo en el País Vasco con la presión inmediata y directa del terrorismo etarra. Y hay que reconocer que para dicha función ha dado sobrados y meritorios servicios a España, incluso a costa de la vida e integridad física de algunos de sus miembros como la fiscal Carmen Tagle que cayeron víctimas de la banda asesina y mafiosa ETA.

No obstante y de un tiempo a esta parte miembros muy destacados de la Audiencia Nacional, magistrados y fiscales, perecen aquejados de un “mal de altura" que les lleva a postularse como interpretes únicos y verdaderos no de la ley, a la que todos estamos sometidos, sino de la justicia y de la ética o moral, “sobrevolando” por encima de Parlamento, Gobierno, Consejo del Poder Judicial o cualquier otro que se atreva a salirse del “camino” que solo ellos parecen conocer.

Y hay que recordar a estos señores que el estado de Derecho se basa en la separación de poderes, y dentro de este los jueces están para hacer cumplir las leyes que promulga el Parlamento, para hacer cumplir la ley, no para inventársela o interpretarla de forma contraria al ánimo del legislador para impedir lo que este quiso hacer posible. nadie les pide que esten de acuerdo con ello por que su opinión no es la que cuenta sino la del legislador que elegimos los españoles.

Están frescos los casos de resistencia “beligerante” a la ley de Justicia Universal, llegando a poner en libertad a Narcotraficantes cuando España es firmante del Tratado Internacional contra el narcotráfico y por tanto es derecho nacional, sin que nadie haya tomado medidas disciplinarias contra ellos.

Esta fresca la sentencia sobre el ERE de Coca Cola, donde el ponente llevaba a limites exorbitantes el deber de la empresa de informar, no conformándose, como se hizo, con la entrega de toda la documentación a los sindicatos.

Esta fresca la declaración del magistrado José Ricardo De Prada en la que señalaba, que a su parecer, como si a los ciudadanos que le pagamos el sueldo nos importara un pimiento su opinión,  las condenas a miembros de ETA  eran demasiado "altas y desproporcionadas".

Pues no contento con ello ahora la Audiencia Nacional exculpa a los 19 imputados por delitos contra las instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita por rodear el Parlamento Autonómico catalán e impedir violentamente el acceso al hemiciclo a los miembros de esta asamblea bajo el peregrino argumento de que “todos ejercieron el derecho fundamental de manifestación, sin que pueda imputárseles acto alguno que pudiera significar un exceso o abuso”. “Cuando los cauces de expresión se encuentran controlados por medios de comunicación privados [...] resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación”.

Como muy bien señala hoy Hermann Tertsch en su columna de hoy en ABC http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20140708&idn=1612946947866 “si las instituciones entregan la calle a la violencia, nuestra democracia se suicida” y viendo como esta instancia judicial y otras  justifican este caso, o el de los acosos o escraches a los políticos parece que algunos en la Audiencia nacional y otros ámbitos de la judicatura andarán  empeñados en ello.