La ley de la horca

En este tiempo que nos ha tocado vivir si por algo se caracteriza es por la prevalencia de la emoción sobre la razón. Signo de ello son doctrinas como la “educación emocional” y  la relevancia que ha adquirido eso del coaching que no es otra cosa que hacernos creer que ¡si se puede! aunque la ley de la gravedad y los sentidos nos demuestren que no y que además es imposible.

Pues bien, este tiempo en el que se suspira por una eterna adolescencia física e intelectual, con una negación al envejecimiento y a madurar, uno de sus símbolos es la rapidez, la inmediatez de los juicios, su amplia generalización a través de las redes sociales que lleva a dictar la “verdad única” contra la que cualquier argumentación es negacionismo cuando no puro fascismo.

Todo esto viene a cuento de las reacciones ante dos procedimientos judiciales, que coincidentemente tienen lugar por acontecimientos sucedidos en la Comunidad Foral de Navarra.

Y sí, me refiero al abuso sexual sobre una chica por cinco indeseables y el apaleamiento de dos mandos de la guardia civil y sus mujeres por una turba de abertzales que tienen más similitudes de las que pudiera parecer.

En ambos casos ha habido mucha repercusión social, televisiva, en las redes sociales y en torno a los dos casos ha habido movilizaciones y manifestaciones callejeras en las que ha tenido presencia destacada el abertzale Ayuntamiento de Pamplona.

Curiosamente en unas a favor de la víctima y en las otras a favor de los agresores, teniendo muy serias sospechas de que algunos de los navarros acudieron tanto a una como a otra, lo que como poco daría para un curioso estudio psicológico sobre la escala de valores de los aludidos.

En uno de los casos ya ha habido sentencia que ha descartado la existencia de agresión, al no concurrir violencia.  Y a resulta de ello ya se han oído exabruptos como “esta justicia es una mierda” ó “hay jueces que no merecen serlo” por el hecho de que consideran que la sola prevalencia de cinco contra uno- ante lo que en mi infancia decíamos aquello de “mierda para cada uno”- es suficiente muestra de violencia o intimidación insuperable.

Lo curioso es, que coincidiendo yo con ellos en que la prevalencia del número es un elemento claramente intimidatorio, sin embargo, a esas turbas vociferantes no se les caiga la cara de vergüenza por la contradicción en que incurren cuando niegan tal carácter de violencia al pateamiento, apaleamiento por una turba de veinte o más indeseables a dos varones y dos mujeres indefensos, con lo cual se reafirma aquello de que “nada es verdad ni mentira sino del color del cristal a través del que se mira” y el que en las reacciones de la masa hay más de estómago y emoción que de cabeza y razón.

Y como eso es así, sigo prefiriendo mil veces la Justicia impartida por jueces y magistrados que podrán ser corregidos por las sucesivas instancias de la Audiencia o Tribunal Supremo que en sus deliberaciones habrán tenido en su mano todos los hechos probados y la ley aplicable al caso antes que la de la turba irreflexiva y  manipulable de los juicios sumarísimos que la más de las veces acabaría con el encausado colgado de un pino por aquellos mismos que echan una lagrimita cuando ven morir a la madre de Bambi.

 ¡Por Dios cuánto daño ha hecho Disney!

 

Puigdemont y el fin de la impunidad

No hay cosa más disolvente de la confianza de los ciudadanos en la justicia que la impunidad, y más si el impune es un poderoso. Poderoso en lo económico, político o social.

Una vez que el ciudadano interioriza que hay intocables, que la justicia no es igual para todos empieza a descomponer el cuerpo social y la solidaridad que le da cohesión a través de la desobediencia a las leyes y negación de autoridad a la justicia. Eso y no otra cosa es lo que de verdad descompone a una nación, fomenta las revoluciones y atrae la anarquía.

Pues bien, parece que la Fiscalía alemana va poniendo las cosas en su sitio y los plazos para que España reciba al prófugo de la justicia, el Sr. Carlos Puigdemont se van acortando. Y esto es bueno para todos, incluso para los separatistas.

Hasta ahora comportamientos como la eliminación del español de las escuelas, el multar por rotular en español y tantos otros pasaban sin sanción a pesar de que es un derecho fundamental de todo español el conocerlo y usarlo al igual que el resto de lenguas cooficiales en aquellos territorios en las que son comunes.

Hasta ahora han pasado sin sanción vejaciones públicas a la Corona y a la bandera de España por parte de dirigentes políticos arribistas como Ada Colau y algunos otros que se hacen los valientes cuando se creen impunes. E impunes se han sentido durante años los nacionalistas vascos, catalanes, gallegos y de otras tantas tribus cuando han ido propalando toda suerte de agravios, mentiras y vejaciones a los que nos consideramos españoles y nos sentimos como en casa en cualquier rincón de nuestra nación además de comprometidos con el bien común de los españoles con independencia de donde vivan.

Pues bien, eso está bien cerca de acabar, y de acabar de la mejor manera posible, enjuiciando no a unos actores menores de esta tragedia que ha sido la intentona secesionista devenida en comedia bufa, sino yendo a su cabeza, al vértice de la escala de mando, impidiendo con la acción de la justicia que sean los “mandados” quienes de nuevo carguen con las culpas de sus dirigentes.

Y es que hubiera sido disolvente para la credibilidad de la Justicia española y la consideración social que se le debe por los ciudadanos que el Sr Carlos Puigdemont no hubiera comparecido ante los tribunales españoles o lo hubiera hecho por conductas de menos gravedad que sus obedientes vasallos.

De darse el caso, juzgarse y castigarse por supuestos de menor importancia que al resto, la sensación de la impunidad del poderoso, de aquel que escapa a la acción de la justicia y se aprovecha de las reglas trucadas a su favor, hubiera sido tan fuerte que hubiera minado fuertemente, casi irreversiblemente, la confianza de los españoles de que todos, del Rey para abajo, somos iguales ante la ley.

Por ello hoy es un día para felicitarse los ciudadanos de orden, respetuosos con la ley y el bien común. Y lo es porque nos reafirma en la convicción de la igualdad ante la ley y en la tranquilidad que nos da la convicción de que otros, el PNV pongamos por caso, se tentara mucho la ropa, antes de poner a España en una situación como a la que nos ha llevado el Sr. Puigdemont y sus mariachis.

 

 

Alguien en la fiscalía está perdiendo la olla y no es Moix

Estos últimos días ando en un sobresalto permanente a resultas de la errática actuación de algunos fiscales y concretamente de aquellos que llevan el caso Lezo.

Ya es aberrante que se aireen los debates de la junta de fiscales anticorrupción dando una versión unilateral de la misma, pero plantear sospechas sin pruebas sobre el contenido de la reunión de Pablo González con el Secretario de Estado de Seguridad roza, sino supera, la difamación.

Lean y reflexionen sobre la frase que reproducen los periódicos «la presunta investigación "chivada" del Secretario de Estado».

Ya de por si es preocupante el uso incorrecto de la preposición “del” que priva de cualquier significado coherente a la frase. ¿Quisieron decir “por”? Porque si es esto lo que quieren decir “chivada POR el Secretario de Estado” solo tiene dos opciones, o tiene pruebas y lo denuncian así ante el juez o si lo dicen sin pruebas lo que procede es su cese inmediato y su comparecencia ante los juzgados imputados por difamación.

Sinceramente creo que aquí los fiscales se han pasado de frenada y alguien, el Fiscal general, el Ministro de Justicia y el Gobierno tienen que tomar cartas en el asunto y tomar medidas que reconduzcan, mientras no se cambie la ley de Enjuiciamiento Criminal, la actuación de los fiscales a los límites que les impone la ley.

De otro modo algunos de estos profesionales pueden creerse amparados por la discrecionalidad más absoluta, la arbitrariedad, en sus actuaciones y la irresponsabilidad de sus conductas que es la forma más elaborada de absolutismo y totalitarismo, o de otra forma, la más absoluta perversión de la Justicia que está convirtiéndose en un pulso a los órganos de la Fiscalía y el Gobierno.

Y señores Maza, Cardenal y Rajoy, el poder esta para ejercerlo y esto vale tanto para los fiscales que se desvían en su cometido como para los separatistas, y, si no saben o no quieren, ya están tardando en echarse a un lado porque estarían dimitiendo del cumplimiento de su obligación con el Estado de Derecho y los ciudadanos.

 

Preguntas pertinentes

Ante las últimas actuaciones de la Audiencia Nacional vuelven a surgir dudas y casualidades recurrentes que nadie explica, que son ejemplos pero que pueden elevarse a categoría

1.- El hecho es que alguien filtro la detención a la Sexta y la categoría siendo un delito nunca se ha condenado a ningún juez o secretario judicial-responsables de la custodia de esta información- por ello. Y la sentencia sobre el Caso Noos contra Iñaki Urdangarin demuestra que es posible que nada se filtre.

2.- ¿La denuncia ante la Audiencia Nacional de Cristina Cifuentes fue objeto de reparto ordinario o se presentó sabiendo que el juez de guardia era Eloy Velasco? De cómo se responda la cuestión deriva el que sea casualidad o buscado que este significado magistrado se hiciera cargo de la causa.

3.- ¿Se provocó la detención de Ignacio González el día antes de que Esperanza Aguirre declarara ante la Audiencia Nacional como testigo por el caso Gurtel? Porque es difícil explicar como una causa que llevaba abierta un tiempo, el detenido estaba fuera de los organismos en los que presuntamente se cometieron ilícitos y nada impedía adelantar o retrasar la detención ¿casualidad?

4.-Ignacio González se va a llevar dos días arrestado en la Comandancia de la Guardia Civil. Parece anómalo que alguien sobre el que se lleva investigando desde hace mucho, que esta fuera de las instituciones en las que pudiera destruir o alterar pruebas tenga que pasar más del tiempo preciso para llevarlo ante el juez. ¿Es por “ablandarlo”? ¿para que su imagen después de dos días detenido aparezca más deteriorado, más patético cuando de nuevo aparezca ante las cámaras de televisión?

5.- La figura de la prisión provisional siempre ha de usarse con mesura porque afecta al bien más preciado del ser humano después de la vida, la libertad. Entonces ¿Por qué lleva Francisco Granados tres años en prisión? ¿Por qué no ha confesado todo lo que los jueces quieren oír? Y es que por el telediario nos enteramos y visionamos como una banda de atracadores, armados, que atacaban a indefensos empleados de banca, que habían robado en gasolineras y tiendas en la provincia de Alicante estaban en libertad a la espera de juicio.

Nunca es popular hacer de defensor del caído, pero alguien debe hacerlo.

Y todo debe ponerse en cuestión pues esos mismos jueces de la Audiencia Nacional, opuestos a la reforma de la ley de justicia Universal que les impide ya ir de comisión rogatoria a través del mundo, pusieron en libertad en 2014 a 53 NARCOTRAFICANTES internacionales que inmediatamente se pusieron en fuga, basándose en que modificada esa ley carecían de jurisdicción.

El que luego el Tribunal Supremo enmendara UNANIMEMENTE dicha decisión sosteniendo que estos jueces, que deben conocer el derecho, no aplicaron el Tratado Internacional contra el narcotráfico del que España es firmante, y por lo tanto derecho aplicable en España, no derivo ni en imputación, sanción disciplinaria por el Consejo General del Poder Judicial, ni ninguna de las muchas asociaciones de afectados por narcotráfico inicio acción popular alguna ¿Quién es el impune?

La orgullosa montaña separatista pario un ratón. La Presidenta y la Consejera se “rajan” ante el tribunal y entonan “yo no he sido”

Tras el 9N, la Diada, el 27S uno esperaba un poco de dignidad y coherencia de quienes llamaban a la revolución y a la secesión desde los balcones de las instituciones.

Pero está visto que no, quedan muy pocos con el espíritu de Méndez Núñez con su “Más vale honra sin buques...” y prefieren ponerse de canto y “hacerse el tonto” antes que afrontar una condena penal por defender sus ideales “dame pan y llámame tonto” que diría alguno.

Es esta clase de políticos los que embarcan a pueblos enteros en planes descabellados de los que solo pretenden  salir reforzados institucional, judicial y económicamente como Mas que sabe que si no sigue de Presidente autonómico su amigo Grifols le tiene un puesto muy bien remunerado en Canadá ¿Y los demás? Ahí se pudran.

Perdida la dignidad solo les queda hacer el ridículo. Da pena.

Investigado e Imputado, una diferencia nada banal. Frente al caso de Ángel Acebes y otros las majaderías de algunos jueces

Ayer se conocía que tras bastantes años de investigación el juez Rus archivaba la causa, por la que lo había imputado, contra Ángel Acebes por los “papeles de Bárcenas”.

Todo ello después de múltiples citaciones y declaraciones, de una prolija investigación y de que la imagen de Ángel Acebes apareciera prolijamente en los medios de comunicación escritos, radiados y televisivos relacionada con dicho caso, la penosamente conocida como “pena de banquillo”.

¿Y ahora quien rezarse a Ángel Acebes y otros del daño en su reputación e imagen? Demasiada irresponsabilidad e impunidad de jueces que antes de tener prueba alguna manchan la reputación de personas soslayando la presunción de inocencia.

Los mismos jueces que ponen en libertad a narcotraficantes y etarras con suma prisa para luego verse desautorizados por el Tribunal Supremo. Pero claro para entonces narcos y terroristas han huido y los jueces se van de rositas.

Viene esto al caso de las opiniones vertidas por algunos miembros de la judicatura sobre la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que distingue entre investigados e imputados. 

Sobre el tema he llegado a leer las manifestaciones de Conrado Gallardo presidente del Foro Judicial Independiente que se ha despachado señalando este cambio como una “majadería de políticos” pues según éste señor “cuando investigan a alguien lo importante es que lo han pillado” o no, como demuestra el caso de Ángel Acebes y de tantos otros.

Lo que está demostrado es que los jueces también se equivocan, tal vez demasiado, y eso nadie lo repara.

El extraño empecinamiento del Juez Ruz. Hacienda ya dijo que no habia delito pero él sigue en campaña

Sorprende la noticia de que hacienda se niegue a elaborar un informe a solicitud del Juez Ruz de la Audiencia Nacional.

Más bien sorprende que el Juez Ruz lo vuelva a pedir pues como bien aclara la Agencia Tributaria “porque ya se pronunció al respecto en informes anteriores, en los que sostuvo que no hay delito porque esas cantidades no tributarían”.

La postura del Juez no se justifica sino es por un interés de “seguir haciendo ruido”-cosa que si ha conseguido- sobre una cuestión ventilada con anterioridad, pues como se ve el titular por el que se inclinan la mayoría de medios es que “Hacienda se niega a colaborar con el juez Ruz”.

O eso o que viendo que el caso se le va a escapar “crudo” y que él quedara en evidencia agota sus recursos intentando dilatar el caso hasta que vengan a sustituirlo o alguien “diga Diego donde antes dijo digo”.

Y sobre esto no me resisto a destacar una “perla”  del informe de la Agencia Tributaria donde le dice “que los dictámenes emitidos por la Agencia Tributaria no pueden ser revisados por el juez y le recuerda que, en el caso de que sus criterios no le sean "de provecho", podrá "prescindir" de ellos”.

Vamos que algunos no se acomodan a la frase de Groucho Marx “He aquí mis principios pero si no le gustan tengo otros”

http://www.rtve.es/noticias/20150303/hacienda-dice-ruz-hara-informe-del-supuesto-fraude-fiscal-del-pp-porque-ya-se-pronuncio/1107842.shtml

 

Ana Mato se honra dimitiendo sin estar acusada de delito alguno, el Juez Ruz se "cubre" de gloria por mantenerla y no enmendarla

Acabo de conocer que la Ministra de Sanidad Ana Mato ha dimitido sin estar imputada por ningún delito para no perjudicar al Mariano Rajoy, al Gobierno y al PP partido político del que forma parte.

Y ello porque el Juez Ruz le hace “presunta responsable” civil por la parte que le tocara, creo que lo ha estimado en 30.000 euros, del lucro de su ex marido en la trama Gürtel.

Vamos que con independencia del régimen económico del extinto matrimonio, le impone dicha responsabilidad por que debe entender que si se iban de tapas y el marido pagaba con dinero presuntamente ilícito ella se beneficiaba, igual le debe valer por las vacaciones, la factura del súper, el colegio de los niños, etc.

Curiosa doctrina de un Juez que ha debido sentir una profunda impotencia la tener que librar de todos sus cargos a Ángel Acebes y se le hacía intragable "soltar" a Ana Mato, condenada desde un inicio por la oposición política para la que la presunción de inocencia es un concepto “discutido y discutible” y que no se retractara de sus difamatorias campañas ni aún ahora cuando ni el perseverante Juez Ruz ha podido imputarle delito alguno a esta señora.

Por eso, porque dimite sin estar incursa en proceso alguno por la comisión de un delito, dicha decisión le honra y a sensu contrario al Sr Ruz le empequeñece y hace un flaco favor a la justicia, sino al tiempo pues mucho cuidado con aquellos que nunca se equivocan y si lo hacen nunca lo reconocen. Y más cuando en sus manos ponemos la custodia de la imagen, el buen nombre y el patrimonio de los ciudadanos.

Al juez del caso Matas le entra el “miedo escénico”, se raja y manda el “marrón” para que se lo coma la Audiencia Provincial

Resulta paradójica la moda del “escapismo” que se ha instaurado en todos los niveles de Gobierno y Administraciones de España. En el actual clima de cuestionamiento público de cualquier acción o decisión aunque se atenga a la ley aquí nadie quiere firmar, ni adoptar una decisión que entra en el ámbito del ejercicio de las funciones por las que le pagan.

Lo hemos visto en el tema del pseudo referendum de Cataluña donde algunos han preferido no mancharse las manos y pretender que el Constitucional y la Fiscalía les hicieran el trabajo y lo estamos viendo en el caso de los Fiscales de la Comunidad catalana trasladando el muerto al Fiscal general.

Pues si no quieren ejercer sus funciones, unos y otros, que renuncien al cargo y al sueldo que hay muchos deseando ocuparlo.

Pues lo mismo le ha pasado al Juez de Vigilancia Penitenciaria  que para basar su resolución alega un argumento tan poco jurídico como el “riesgo de ruptura de la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho”.

Alguien debiera recordar a los señores jueces que España no es un país anglosajon donde los jueces “crean” derecho con sus sentencias, en España se deben regir por la ley que es la garantía de la “seguridad jurídica” y si este señor o cualquier otro tiene derecho el negárselo es prevaricación.

Ya dije en otro comentario que los jueces no anduvieron tan exquisitos a la hora de excarcelar al etarra Bolinaga que lleva 2 años disfrutando de la libertad cuando nos anunciaban su inmediato fallecimiento por una enfermedad terminal.

Pues en eso andamos, si los responsables de nuestras instituciones eluden el cumplimiento de sus obligaciones y pasan la pelota a otro que podemos esperar o reclamar a los ciudadanos que asisten atónitos a este espectáculo que nos dan entre otros el Sr Arthur Mas que incumple la ley y las sentencias judiciales y se queda tan fresco.

Esperanza Aguirre y sus seis medidas contra la corrupción, su natural desconcierto la hacen pasarse de frenada (y II)

Mi otra objeción es a la medida que Esperanza Aguirre incluye en un artículo en ABC http://www.abc.es/espana/20141103/abci-aguirre-medidas-corrupcion-201411031034.html y que formula de la siguiente manera

“Cambiar la Ley de Contratos del Estado. La misma existencia en esta ley de un llamado «procedimiento negociado sin publicidad» ya indica la posibilidad de contratar sin la necesaria transparencia. Además se hace imprescindible eliminar la discrecionalidad en las adjudicaciones, haciendo obligatoria la elección de la oferta más ventajosa en el precio.”

Ante ello y tras haber pasado por la Administración municipal en un organismo de amplia capacidad de contratación tengo que decir que su análisis no está fino y se ve que ella no ha tenido nunca que impulsar un procedimiento de contratación, si lo hubiera hecho tendría una visión más práctica y pegada al terreno.

Lo primero es que si bien el nombre del procedimiento “negociado sin publicidad” no es muy afortunado eso no es culpa de nadie más que del que así lo bautizo.

Lo segundo es que es un procedimiento muy utilizado en todas las administraciones y en el 99,99% de los casos no da problema ninguno. Es un tipo de contrato para servicios de menos de 60.000 euros u obras de  menos de 120.000. Su función es aligerar la tramitación administrativa para servicios y obras de poca entidad que si no se eternizarían.

Y aunque rece que “no tiene publicidad” no es exacto pues se tiene que invitar a tres empresas para que presenten ofertas y se elige la más barata, además tras su adjudicación se publica la misma y el expediente está a disposición de quien lo quiera ver e impugnar.

Pero si es cierto que tiene una mejora que es fácilmente aplicable y reforzaría su transparencia. Se refiere a como elegir las tres empresas a las que, como mínimo, se ha de invitar.

El dejar que las tres sean elegidas por la misma persona u organismo deja siempre abierta la puerta a la concertación. La “concertación” supone que las tres empresas invitadas , vinculadas o no,  de manera previa o durante el plazo de presentación de ofertas se pongan  de acuerdo en quién y por qué precio se va a adjudicar el contrato. Ello limita la competencia a la vez que encarece el contrato para la Administración pues elimina la  “concurrencia competitiva”.

Es por ello que lo hay que hacer  para mejorar este tipo, necesario, de contratos es que al menos una de las tres o más empresas a las que se inviten se elija por una persona u organismo distinto al que convoca el contrato y que se mantenga la máxima confidencialidad acerca de la identidad de las invitadas.

Con ello se impediría cualquier posibilidad de “concertación” y necesariamente las ofertas serían competitivas con el ahorro consiguiente para la Administración en el precio final para la obra o servicio.

La opción, elegida por el Ayuntamiento de Sevilla, de  abrir la posibilidad de presentarse a cualquier empresa mediante su convocatoria a través de la web de la administración correspondiente presenta el gran inconveniente del ilimitado número de empresas que se presentan para cada concurso, que aunque puede ser de hasta 60.000 o 120.000 euros  la mayoría de las veces no alcanza ni de lejos ese precio.

Y es que ese gran número de empresas que se presentan exige un excesivo trabajo burocrático de revisión de documentación administrativa, técnica y económica con sus correspondientes requerimientos para que amplíen documentación omitida o parcial lo que provoca retrasos tales en la tramitación de estos contratos que anulan las ventajas de la simplificación de su procedimiento y retrasan sine die la ejecución de la obra y servicio que atiende a un interés público y de servicio al ciudadano.

Por lo demás nada que objetar.

Si la Justicia no es igual para todos es arbitrariedad. Contra la Demagogia

Se ha armado un artificial revuelo con el permiso carcelario a Jaume Matas, ex presidente de la Comunidad Balear y ex ministro con el PP. Toda la oposición ha sobreactuado y ha pedido nada más y nada menos que el tema se lleve al Congreso.

¿Alguno de ellos reclamo igual trato cuando se concedió el tercer grado al etarra Bolinaga, ese enfermo terminal que sigue tras dos años paseando su buena salud por las calles de su pueblo?

Pero pongamos en claro dos cosas

Primero es que Jaume Matas está en prisión por una condena de 9 meses, algo sin precedentes en España hasta hace poco pues los jueces eximían del ingreso en prisión a las condenas inferiores a 2 años hasta hace poco que se abrió la veda contra los políticos y entro en juego esa excepcionalidad.

Segundo, Matas ha cumplido el tercio de la pena que le confiere derecho a solicitar ese beneficio

Por ello no entiendo la cara del portavoz en el Congreso del PP, Alfonso Alonso, cuando al ser preguntado por este tema parecía estar pasando un mal trago cuando no le afecta. La respuesta sería solicitar a todos esos, la oposición que sobreactúa interesadamente en este tema, que presente una propuesta para modificar la ley en ese aspecto , aclarando que si se hace afectara a todos, a los roba gallinas y a los de cuello blanco, de manera que ninguno podría  disfrutar de beneficios penitenciarios. Verían ustedes como enmudecerían pues detrás de su actitud solo está el oportunismo y la demagogia.

Porque la ley o es igual, para bien o mal, para todos o no es ley. En este tema echo de menos la opinión de las asociaciones de jueces en otras ocasiones tan locuaces, hay silencios ominosos.

Sobre este tema merece leer el atinado artículo de Mario Conde en la gaceta.es que va en la misma dirección y lo expresa incluso mejor. http://www.gaceta.es/mario-conde/oprtunismo-politco-tercer-grado-matas-04112014-1216

 

 

 

Esperanza Aguirre y sus seis medidas contra la corrupción, su natural desconcierto la hacen pasarse de frenada.(I)

Siempre se ha dicho que no hay que legislar “en caliente”. Así se argumentaba cuando a nuestro alrededor veíamos caer cientos de españoles inocentes a manos de los asesinos de ETA, el GRAPO y otros grupos terroristas y los ciudadanos clamábamos por la pena de muerte contra aquellos que aprovechándose de una amnistía y de un Estado democrático movían el árbol para que otros recogieran las nueces.

Y estaba bien que nos pidieran templanza aunque la más de las veces detrás de la prudencia se escondía la tibieza.

Pues bien, y sin ser en ningún caso comparable el drama de una vida humana segada por unos asesinos con el vaciamiento del erario por la corrupción, hoy estamos sufriendo un “calentón” a cuenta de los casos de cargos públicos imputados. Y claro, el mayor calentón lo están sufriendo aquellos que los designaron o promovieron para ocupar cargos públicos.

Lo primero que sostengo es que quienes los eligieron o promovieron si no tuvieron indicio o noticia de la desviación de su conducta por nada tienen que pedir perdón.

Las administraciones, la policía y los juzgados tienen medios de control interno y externo que a la vista de los resultados van  funcionando, lo que es más complicado es pedir a estos mismos controles el poder de la adivinación y que se anticipen siquiera a la intención de delinquir que pueda anidar en el corazón de cada persona. Eso solo ocurría en la película de Tom Cruise “Minority Report” que aconsejo a quien no la haya visto por la conclusión y desenlace.

Pues bien Esperanza Aguirre, militante del PP a la que admiro se haya sumida en la desazón porque aparte de sentirse presuntamente traicionada por colaboradores  cercanos le afecta, aparte de su natural e innato sentido de la justicia, a sus legitimas aspiraciones de encabezar la candidatura a la Alcaldía de Madrid por el PP, para lo que creo es la mejor candidata. Y ante ello ha sacado pecho con el “Y yo más” o si lo quieren de otra forma “si quieres arroz dos tazas”.

Y este “y yo más” lo ha plasmado en un artículo en ABC http://www.abc.es/espana/20141103/abci-aguirre-medidas-corrupcion-201411031034.html

al que tengo que hacerle dos matizaciones pues creo que se ha “pasado de frenada” .

La primera es cuando se refiere a la medida anticorrupción de

“Facilitar a los jueces la posibilidad de ordenar la prisión inmediata no eludible con fianza para políticos y cargos públicos imputados por delitos de corrupción, es decir, por delitos que hayan supuesto su enriquecimiento personal y fraudulento a costa del dinero público. Estoy convencida de que, si todos los imputados por el caso Gürtel -que lleva casi seis años instruyéndose- estuvieran en la cárcel desde que fueron descubiertos, eso habría sido un importante factor disuasorio para evitar que otros cayeran en cualquier tentación.”

Mi reflexión es la siguiente, si hay un valor que un liberal defiende sobre todos es el de la libertad, libertad de expresión, movimiento y la de verse privado de ella sin causa justa, una condena.

La privación “preventiva” de libertad es una medida muy fuerte que nuestro ordenamiento jurídico tasa en unos supuestos muy concretos y me parece un exceso hacerla indefinida por razón de una instrucción judicial que no concluye y que puede suponer, en el ejemplo del Gurtel, que de aplicarse  tal como Esperanza Aguirre pide, desde el inicio de la investigación-y va para seis años- los detenidos y no juzgados en algunos casos llevarían en la cárcel más tiempo del máximo por el que podrían ser condenados.

Por eso mesura y pensar dos veces las cosas antes de proponerlas, escribirlas, pues el infierno está lleno de ocurrencias y buenas intenciones.

Otra objeción a la misma propuesta es relativa a la vinculación entre el encarcelamiento y la imputación. Algún jurista debiera aleccionar e informar a la Sra. Aguirre que en España, a diferencia de en Francia, no existe la figura del “testigo cualificado” al que sin existir indicios de comisión de delito le cita el juez por si de su declaración se dedujera comisión de un ilícito y por ello exige, a diferencia del testigo “simple” que acuda al juzgado acompañado de un abogado para que no haya indefensión.

Pues bien por mor de que a Garzón le anularon una imputación porque al que cito lo hizo en calidad de testigo y aunque de su declaración se dedujo la comisión de un delito tal imputación se anulo por “indefensión” al no ir acompañado de letrado, desde entonces los jueces meten a todos, con indicios o sin ellos, en el mismo saco para que no les anulen el procedimiento. Por eso y mientras no se instaura la figura del “testigo cualificado” cuidado con el valor que le damos a la imputación.

Pero es más, ¿y si tras la instrucción judicial, incluso tras el proceso se declara inocente de todo cargo a un imputado que según esta doctrina habría estado en prisión?

 ¡Ah se siente¡ que dirían en el patio del colegio. Pensemos en los daños irreparables a la libertad, el buen nombre e imagen de la persona antes de proponer medidas más propias de Robespierre y su Directorio en la Francia del terror que de un Estado democrático y de Derecho  como es España.

Lamentablemente en un Estado tan garantista para los derechos del presunto delincuente no se han arbitrado iguales mecanismos para defender a la víctima del delito o de la acción equivocada de la administración de justicia o policial, una asignatura que debiéramos superar cuanto antes pues por delante se han llevado nombre y haciendas sin a posteriori reparar ni la una ni la otra

El juez Ruz y el imposible metafísico de la “apropiación por omisión”. Los jueces de la Audiencia Nacional siguen en campaña.

Ayer tuvo lugar una de esas cosas que te producen tristeza y desasosiego por lo injusto. Y fue que el Telediario abrió con que el juez  de la Audiencia Nacional Pablo Ruz había imputado al ex Secretario General del PP Ángel Acebes por “apropiación indebida por omisión”. Y ahí empezó a chirriar todo.

¿Cómo puede ser que una cosa sea y no sea a la vez?  ¿Cómo puede uno apropiarse, acto que implica una acción, por omisión? Y eso sin llevarse un euro a tu casa.

El que una cosa “pueda ser y no ser al mismo tiempo” ya dijeron los clásicos que era imposible y como tal lo bautizaron como “el imposible metafísico”. Pero claro esa clase se la debió saltar el juez Ruz que estaría haciendo novillos.

Si pasamos de la filosofía a la gramática podemos ver que el diccionario define la apropiación como la “Acción de adueñarse una persona de cierta cosa” y la omisión como “Abstención de hacer algo voluntaria o involuntariamente” vamos que donde hay omisión no hay acción.

 

Pero bueno lo grave es que “la cosa” no se queda en una discusión gramática o filosófica sino que entra en el Derecho Penal.

 

Y el derecho Penal es ante todo seguridad jurídica, lo que la gente llama “saber a qué atenerse”  y por ello el Derecho Penal esta “tipificado” y fuera de lo que dice, con todos y cada uno de sus requisitos, que es delito no hay nada por lo que molestar, y menos juzgar, a nadie.

 

Y ahí está el problema pues el artículo 252 del Código Penal  define la apropiación indebida "Serán castigados con las penas del artículo 249 o 250, en su caso, los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido , cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros. Dicha pena se impondrá en su mitad superior en el caso de depósito necesario o miserable”.

Por si no queda clara la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2006, reproduce los requisitos exigidos para que exista un delito de apropiación indebida

1. una inicial posesión regular o legítima por el sujeto activo, del dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble. Actualmente ampliados a valores o activos patrimoniales.
2. que el título por el que se ha adquirido dicha posesión sea de los que producen obligaciones de entregar o devolver la cosa o dinero.
3. que el sujeto activo rompa la confianza o lealtad debida, mediante un acto ilícito de disposición dominical , que siendo dinero debe de tratarse de un acto sin retorno
4. conciencia y voluntad del agente de disponer de la cosa como propia o darle un destino distinto al pactado, determinante de un perjuicio ajeno".

 

Y no creo que haya nadie que en la conducta de Ángel Acebes pueda encontrar ni uno de los elementos que definen el delito de apropiación indebida.

Y ¿entonces qué y porque?

Pues bien hay que saber que quien a sabiendas toma un decisión injusta esta prevaricando y no sería la primera vez que eso ocurriera por parte de un juez de la Audiencia Nacional.

Y ¿Por qué?

Pues tengo la sensación que estos señores tienen el síndrome “de la Audiencia” como otros lo tienen de “la Moncloa” y ello les hace creer que pueden disponer del buen nombre y la hacienda de quien se les antoje sin responder ante nadie y por nada, trayéndoles al pairo como quede la imagen y el patrimonio de los afectados por sus decisiones injustas pues desde luego ellos no lo van a pagar ¿o sí?

Por eso conviene recapitular y convenir que los jueces y magistrados están para pronunciarse sobre lo que la ley dispone, no sobre lo que ellos crean que ponga o debiera poner, y punto.

Para la ética y la estética ya están las facultades y los salones de belleza.

 

 

La judicialización de la política. El ruido y las nueces

Viene al caso esta reflexión al conocerse recientemente la Memoria de la Fiscalía de Sevilla. En ella se contiene la siguiente afirmación “la tendencia a llevar a los tribunales la vida política sigue siendo tónica general” y en cuanto a los Ayuntamientos señala que este fenómeno “…determina la continua revisión de expedientes de contratación  de forma que la Fiscalía de Sevilla acaba revisando de forma generalizada una gestión municipal, pervirtiendo el papel que debemos llevar en estos procedimientos”.

Todo ello para concluir que en contadísimos casos, el 6%, tras el archivo de los casos se acude por las denunciantes a los tribunales lo que muestra evidentemente “la escasa convicción que guiaba la denuncia…y la suficiente rentabilización hecha por parte del denunciante del mero hecho de haber interpuesto denuncia en la Fiscalía”.

Así la memoria de la Fiscalía de Sevilla pone de relieve lo que viene siendo tónica habitual a nivel nacional, autonómico y local, que se fía la caída del contrario en su encausamiento penal más que  en una labor política de oposición  a la gestión acompañada de propuestas atractivas y realizables para la ciudadanía. Y es que el dato es para escandalizarse, en 94 de cada 100 casos no se llega a nada, solo el titular de un día.

Pero es que además este comportamiento tiene dos efectos perniciosos.

El primero de ellos es que se ha empleado el escaso tiempo de los fiscales en pérdidas de tiempo que ralentizan su labor e impiden el diligente funcionamiento de la justicia. Podríamos ponerles coto a estos denunciantes torticeros si les aplicáramos la ley de Tasas de la justicia y recuperar, al menos, el coste que para todos tiene el tiempo dedicado por los funcionarios de la Fiscalía y los juzgados. Así al menos la próxima vez se lo pensarían dos veces.

Y segundo y no menos importante, es que consolidan la distorsionada visión que el ciudadano tiene de la política ,”todos los políticos son iguales”,  donde el ruido de las demandas, su traslación a los medios de comunicación esconde la labor a favor del bien común y del interés público que desarrolla la mayoría de los gestores públicos en nuestros ayuntamientos y administraciones públicas.