El lechero, el Estado de Derecho y los exabruptos de Mónica Oriol

A la vista de las declaraciones  de la Presidenta  del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol “El problema es que luego nos da miedo criticar al poder porque en cuanto sacas un poco la patita te manda un inspector de Hacienda o uno laboral y luego te cierran la empresa o te ponen multas”, España estaría lejos de ser una democracia al modo y tal como la definía Winston Churchill “cuando alguien llama temprano al timbre de la puerta, se sabe que es el lechero”.

A mi esta opinión  de la Sra. Mónica Oriol me parece una salida de pata de banco.

No es la primera que se le conoce, pues anteriormente pidió rebajar el salario mínimo a los jóvenes sin formación para a continuación tener que retractarse

 http://cincodias.com/cincodias/2014/04/26/economia/1398508113_668181.html

Como funcionario en ejercicio de la Inspección de Trabajo tengo que decir que no conozco un caso en que se nos haya instrumentalizado tal como indica esta Sra. y me parece que mis compañeros de Hacienda podrían afirmar lo mismo.

A mí lo que me parece es que esta señora no ha asumido aún lo que es un cargo público, la repercusión de las opiniones de estos y el que está sometido a la crítica pública, y ahí es donde me parece que esta Sra. falla.

Da la impresión de que esta más acostumbrada a que le rían las gracias en torno a un gin tonic en el Club ecuestre de Barcelona que a exponerlas y contrastarlas con quien de seguro no las comparte.

Por eso señora, en mi opinión, el problema está en Ud. y no en España, el reparto de poderes y el estado de Derecho que la sustenta. De los palos también se aprende, ahora falta que alguien como Ud., que ha asumido tan alta representación y función, sea merecedor de ella.

 

La División de poderes y los dinamiteros del Estado de Derecho. III parte: la dictadura de los trending topic frente a la verdad y la razón

En la joven democracia que es aun España, estamos pasando el sarampión de los estados de opinión. De lo que sale en los medios de comunicación, las redes sociales, la extrema relevancia del sentimiento, el eslogan y su prevalencia pública frente a la razón y los tozudos hechos.

De un tiempo a esta parte los españoles, los ciudadanos, sus gobernantes, los medios de comunicación toman demasiado en consideración los trending topic o tendencias.

No están tan lejos “los tiempos de hierro” del terrorismo  de ETA y los GRAPO cuando se nos repetía, y asumíamos, que no era bueno gobernar ni legislar “en caliente” para no autorizar la pena de muerte para esos asesinos. Igual imprecación se viene repitiendo cuando los crueles crímenes sobre niños o jóvenes nos provocan igual reclamación sobre ese particular tipo de delincuentes.

Y es lógico. Los sentimientos se enervan pero el tiempo lo atenúa y se analiza la propuesta con mayor perspectiva y mesura. Y no es que me espante la pena de muerte pero si trato de evitar el linchamiento, esa es la diferencia  entre el estado de Derecho y el populismo, la anarquía o la arbitrariedad.

Si esto es así, o debiera serlo, resulta un despropósito ver a diario como políticos, medios de comunicación y los responsables gobiernos de municipios, autonomías y del Estado están pendientes en demasía  de la “tendencia” en las redes sociales sobre tal o cual tema.

Este seguidismo hace que movimientos o acontecimientos de una dimensión muy limitada tengan una repercusión multiplicadora que genera una apariencia de “tsunami” que genera debates artificiales, temores infundados y lo que es peor provoca una toma de decisiones coyunturales y cortoplacistas ajenas al interés general a la vez que desorientadoras para la mayoría de los ciudadanos.

Pongo por caso las “reuniones” a favor de la Republica en las ciudades españolas. Escasamente han congregado a más de 40.000 personas en toda España, menos público del que cada semana logra reunir un partido en el Santiago Bernabeu o el Nou Camp, y sin embargo dicho tema llena los medios de comunicación escritos, radiados y televisivos aparte de las tertulias de café en toda España.

Frente a ello, y en demasiadas ocasiones, se ha silenciado manifestaciones reiteradas y multitudinarias como eran las de las víctimas del terrorismo, contra el aborto, a favor de la Constitución española y otras en las que he participado o no, pero que reunían en un solo momento y lugar a cientos de miles de personas sin que por ello suscitaran ni una mención en los medios de comunicación.

Refuerza ello la idea de que unos hechos equiparables suscitan distinta atención no por ello tienen mayor o menor seguimiento popular, los diferencia la instrumentalización y el marketing.

No obstante esta situación necesita un caldo de cultivo. Precisa de una crisis de valores e ideas comunes, de una educación laxa que ante el fracaso escolar no tiene más salida que los “aprobados por decreto” antes que la motivación del alumnado y magisterio, antes que la promoción del esfuerzo y el talento. Requiere de años de aborregamiento, de “pan y circo” a manos llenas donde al ejercicio de un derecho no se requería el cumplimiento de deber o compromiso alguno.

En definitiva requiere del triunfo del individualismo, de la búsqueda de la satisfacción de nuestros deseos de manera inmediata, del nihilismo, del  narcisismo y de la negación del bien o el interés común ante el que sacrificar los anhelos de uno mismo a favor de los demás. Es la crisis de las vocaciones en todo sentido y ámbito.

Este es un cáncer que corroe cualquier nación o institución pues le arrebata la cohesión, la seguridad en sí misma, haciéndole retroceder ante cualquiera reclamación por peregrina que sea o con independencia de su respaldo por el solo motivo de que carece de razones, principios y apoyos ciudadanos que oponerle.  

Es por ello que a falta de estadistas, las organizaciones y partidos mayoritarios han de llegar a consensos básicos y mínimos pero esenciales. Han de restablecer la seguridad ante las “líneas rojas” que otros pretenden sobrepasar, han de restablecer la confianza en la ley y en que su cumplimiento está asegurado.

Si se quiebra la confianza en la ley, en la autoridad que garantiza su cumplimiento, simplemente nos desmoronáremos ante el primer embate y daremos paso a la arbitrariedad, a la anarquía, y el imperio de la ley, el Estado de Derecho, dará paso al caos, la ley del más fuerte y el populismo haciéndonos añorar al poco cualquier tiempo pasado como mejor.

Por ello es tiempo de acuerdos, de política con mayúsculas, de renuncias por unos y otros a favor de todos, si llega el caso de una “Gran Coalición”.  Puedo no haber compartido la política y las ideas de Felipe González , usted lector puede no haber compartido las de Aznar, Suarez, Calvo Sotelo, Tarradellas,  pero ante sus trayectorias, sus legados, los Pablo Iglesias  y Mas de hoy no dan ni para una mala caricatura.

Y Rajoy, Rubalcaba o quien le suceda tendrán el apoyo de esa aplastante mayoría de españoles que cada día  madrugamos para procurar lo mejor para nuestras familias y el resto de los españoles, aunque no tengamos cuenta en facebook o twitter.

 

 

La División de poderes y los dinamiteros del Estado de Derecho. II parte: Los partidos políticos “gamberros”

En política internacional se califica como “Estado gamberro” al que actúa al margen del derecho internacional y deciden atacar sus valores fundamentales en el territorio de su jurisdicción.

De igual manera podemos calificar como partidos políticos “gamberros” a aquellos que usan los medios y recursos del sistema democrático representativo como un instrumento para la destrucción del mismo y la materialización de su propio programa político de carácter totalitario y excluyente.

Ejemplos de ello tenemos a decenas, tal vez el que alcanzo más éxito fue el Partido bolchevique que accedió a la Dieta o Parlamento ruso e instrumentalizo las prerrogativas que esto le proporcionaba para destruir el sistema democrático aflorado tras el derrocamiento del Zar comenzando así la dictadura comunista que duraría 70 años. No muy a la zaga le fue el partido Nazi, con Adolf Hitler a la cabeza, que accediendo al Reichstag o Parlamento alemán por medios democráticos se sirvió de ello para instaurar un régimen totalitario y criminal.

Pues bien en España no estamos exentos de este fenómeno aunque sorprende comprobar cómo sus protagonistas distan de ser movimientos populistas de vida más o menos efímera sino que, como IU, ERC, CiU y PNV, son partidos de larga trayectoria y asentados en el electorado si bien de forma históricamente minoritaria.

Pues bien estos partidos desde el inicio de su participación parlamentaria han encaminado su acción política, con diversa intensidad y a través de diversos medios en función del momento político, al debilitamiento del Estado y sus instituciones ya sea dejando que otros “agiten el árbol” para recoger las nueces (caso del PNV), instaurando un sistema autonómico donde rige la ley común en tanto en cuanto no contradice el “espíritu del pueblo” y los intereses disgregadores de una elite (caso de CiU y ERC) o lo que es más sorprendente viniendo de un partido de implantación nacional como IU, deslegitimando  las instituciones nacionales tal vez en una romántica  e infantil añoranza de una ruptura que no se dio y donde “pescar” en río revuelto una relevancia que le niegan reiteradamente las urnas y la historia.

Ante ello el Estado de Derecho ha estado demasiado tiempo pasivo, a la expectativa. La más de las veces ha sido por intereses cortoplacistas de alianzas electorales como las que permitieron a PSOE y PP acceder a gobiernos nacionales o autonómicos y de los que los partidos nacionalistas sacaban inmediato provecho bien con la asunción de nuevas competencias, la recepción de mayor financiación o un mirar hacia otro lado sobre la gestión de los derechos y libertades (singularmente lingüísticas) de los ciudadanos residentes en sus comunidades.

Sin embargo las más de las veces esta inacción del partido en el Gobierno de España se ha debido a la posición cainita de los partidos en el poder y su incapacidad para adoptar políticas de Estado que tuvieran continuidad en el tiempo al uso de lo que se hace en otras naciones de nuestro entorno donde los partidos se alterna con normalidad en los gobiernos pero los objetivos nacionales que fomentan el progreso de sus naciones se mantienen en el tiempo como son  las alianzas internacionales, la mejora de la educación, el fomento de las inversiones y la creación de empleo.

Por ello y antes si quiera de abordar el remedio a la acción disgregadora de los partidos “gamberros” es necesario el que los grandes partidos demuestren a sus dirigentes de segunda fila, a sus afiliados y votantes que pactar temas de Estado y mantener dichos compromisos en el tiempo no supone abdicar de sus políticas sino reconocer que hay temas que deben estar ajenos al vaivén de las mayorías y conforman el esqueleto del progreso de la nación.

El primero de estos temas es sin duda el de la forma de Estado y sus límites. Algo que estuvo cerca de alcanzarse con la LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del proceso autonómico, que consensuada entre PSOE y PP intento poner claras las competencias de Estado y Autonomias pero  que el Constitucional echó  abajo. Sin embargo retomar este tema no solo es importante sino imprescindible pues es un tema sobre el que debemos dejar de discutir por el bien de todos.

El segundo sería el clarificar nuestro lugar en el mundo y nuestra política de alianzas. Asumido nuestro lugar en Europa falta una clara posición sobre nuestra vocación atlántica, que no se agota con nuestra pertenencia en la OTAN sino que debe trasladarse en evitar devaneos que no llevan a nada como la “alianza de civilizaciones” y las conteporizaciones con regímenes bolivarianos o yihadistas que debilitan nuestro credito internacional entre las naciones con las que debemos medirnos.

El tercero y no menos importante es el acuerdo sobre la Educación. En ello debemos abandonar apriorismos e intentos de hacer de la escuela un lugar de formación ideológica para pasar a ser un lugar donde se imparta conocimiento y se enseñe su utilización, aplicación para el desarrollo de la persona como ciudadano libre y elemento vertebrador de una sociedad a la que debe con su esfuerzo y capacidad contribuir a desarrollar cultural y económicamente.

Si estos y otros temas se consensuaran el 90% de la tarea estaría ganada.

Contra los partidos gamberros y su acción disgregadora tendrían los sucesivos gobiernos las manos libres para actuar sabiendo que su acción iba a verse respaldada por la inmensa mayoría  y el respaldo de la ley.

¿Que como? No parece complicado y la manera más sencilla es hacer valer la verdadera representatividad en los Parlamentos en función de los votos. El actual sistema prima a aquellos que concentran en los pequeños ámbitos de su comunidad (tres y cuatro provincias respectivamente frente a 50 que constituyen España) el total de sus votos aunque en el total de la nación sea irrelevante.

Así lo vemos en las elecciones europeas que tienen como circunscripción única a España. Por ello la solución circunscripción única electoral y veríamos si eran capaces de constituir siquiera un grupo parlamentario. Esta medida tendría como efecto el darle su verdadera dimensión a IU pues a esta formación, al contrario de los nacionalistas, les perjudica su dispersión del voto en las 50 provincias sin entidad individualmente para proporcionarles una representación que merecerían por su implantación. Soy de los que piensa que reparado ese “agravio comparativo” que sus dirigentes achacan al “sistema” su postura ante el mismo cambiaria significativamente y el darle su entidad real como opción de gobierno u oposición lo “centraría” y alejaría de su actual papel marginal y populista que en ocasiones y por su afan de mimetizarse con cualquiera que se ponga detras de una pancarta llega a ser delirante.

La División de poderes y los dinamiteros del Estado de Derecho. I parte: Los jueces estrella

La democracia no es un concepto que se agote en la libre elección de nuestros representantes políticos. La democracia, aparte de ello, supone un conjunto de garantías y contrapesos que impiden caer en el autoritarismo y la arbitrariedad a cualquiera de los tres poderes del Estado.

Montesquieu  configuro un sistema de división de poderes que unido a un sistema de libre mercado,  ha potenciado el desarrollo de las sociedades y las personas en los últimos 250 años.

Sistema político y económico que se ha demostrado como el mejor instrumento para elevar el nivel de vida de la población, mayor capacidad de adaptación  a los tiempos y las circunstancias que el imperialismo, el fascismo o el comunismo, tendencias llamadas en su momento a arrasar todo lo preexistente y hoy de hecho desaparecidas.

Pues bien, últimamente determinados jueces estrella  de la Audiencia Nacional vierten críticas contra el legislativo totalmente fuera de lugar para un miembro de un órgano jurisdiccional, olvidando su función de aplicador de la norma.

Ya fue preocupante cuando a resultas de la aprobación de la última reforma laboral, jueces  individuales y asociaciones de los mismos manifestaron su desacuerdo con la misma y su propósito de hacerla naufragar en las reclamaciones que se sustanciaran en sus respectivos órganos jurisdiccionales. No han dejado de hacerlo o intentarlo aprovechando la ausencia de doctrina del Supremo y sumiendo en clara indefensión a quienes tratan de ponerla en práctica. Y todo ello para al final perjudicar a los desempleados pues ante esta ausencia de respeto a la ley,  interpretación torticera de la misma, a quienes perjudica es a los desempleados y trabajadores en general pues retrae a las empresas en sus inversiones y en que traduzcan las mismas en creación de empleo.

Y mientras tanto estos salvadores y los sindicatos guardan un ominoso silencio sobre la indemnización de 8 días para los contratos temporales frente a los 33 días de un contrato indefinido, eso, que viene de antiguo, les parece estupendo.

Si esto han hecho con la reforma laboral igual o peor con la ley de jurisdicción universal.

No sé en qué parte de nuestra Constitución o Tratado Internacional que España haya suscrito viene dicho que debamos erigirnos en guardianes de la moral y legalidad internacional, encauzando al Presidente Chino, los miembros de las Juntas Militares argentina, guatemalteca o chilena y todo aquel al que un iluminado se le ocurra denunciar en los juzgados de nuestra nación.

Da lo mismo que esos países tengan órganos judiciales propios,  que hace tiempo que hayan alcanzado la democracia como Argentina, Chile o Guatemala.

Da lo mismo que difícilmente un órgano judicial español pueda siquiera esbozar una causa de manera mínimamente objetiva y con datos corroborables  in situ aparte de las declaraciones de parte e interesadas de los denunciantes.

Da lo mismo, lo importante es ganar un titular, cinco minutos en el telediario y de paso hacer de España el hazmerreir del mundo aparte de jugar de manera infantil con el prestigio de nuestra nación en el mundo, la posibilidad de atraer inversiones, afectando a procesos de adopción internacional y condicionando para los españoles el ejercicio de ciertos derechos en esas naciones.

Debe ser que sus hijos y familiares tienen asegurado su puesto de trabajo, que les trae al pairo la situación de los niños chinos  o rusos pendientes de adopción y el sentimiento de las parejas españolas que anhelan acogerlos.

Pero el esperpento, por no llamarlo delito, está en el “arma mediáticamente arrojadiza” que están empleando contra el Gobierno que la promovió y el Parlamento que aprobó la reforma de la ley de jurisdicción universal.

Me refiero a las excarcelaciones de narcotraficantes que un día si y el siguiente también están promoviendo y aireando en las televisiones españolas con la excusa de que son los efectos de la reforma de la referida ley.

Como el fiscal del Tribunal Supremo ha manifestado en su recurso ante el alto tribunal, soy de los que mantengo que la competencia de la jurisdicción española se basa en el primer párrafo del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues “basta que los Tratados autoricen al Estado a actuar y a declarar dicha competencia, como sucede con los artículos 4 y 17 de la Convención de Naciones Unidas contra la droga de 1988", para que se pueda juzgar en España a los narcotraficantes detenidos.

Es por ello que "Si un Estado puede solicitar la colaboración de otros para poner término a la utilización de un barco sin pabellón o matrícula en el tráfico de drogas, puede también adoptar contra éste las mismas medidas para las que tiene competencia en relación con los que enarbolan su pabellón; y, si esto es así, puede asumir la competencia para el enjuiciamiento", lo contrario es ignorar el artículo 96.1 de la Constitución en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Convención de Naciones Unidas contra la droga de 1988 que al estar suscrita por España está vigente y es aplicable como el resto del ordenamiento jurídico y prevalece sobre el mismo en lo que pueda contradecirlo.

Por ello y si eso es así, dada la obligación de nuestros jueces y magistrados de conocer y aplicar el derecho estarían, con estas excarcelaciones, prevaricando al haber adoptado una decisión injusta a sabiendas pues no pueden desconocer la ley vigente, aplicable, y sino alguien debiera así recordárselo como a los jueces Garzón, Gómez de Liaño o Elpidio Silva entre otros. Y es que ser juez no les hacer estar por encima de la ley ni transmuta su materia mortal en la de legislador.