Pasadas ya
unas fechas desde que el Gobierno
Autonómico de Madrid desistió de su intención de externalizar la gestión
ciertos centros sanitarios (hospitales y centros de salud) conviene volver la
vista atrás y mirar hacia adelante para analizar la repercusión, motivaciones y
verdadero respaldo de las movilizaciones “Mareas Blancas” que se opusieron a
esta medida.
Lo indudable
del caso es que una movilización
ciudadana, su articulación por los medios de comunicación de masas y un frente
judicial han logrado paralizar una iniciativa que ni es nueva en la gestión de
servicios públicos (véase la importancia, peticiones y pujanza de la educación
concertada dentro del sistema público, universal y gratuito de la enseñanza) y
desde luego no lo es en la gestión sanitaria pública como lo demuestra la
Sanidad pública de Andalucía, SAS, que mantiene numerosos conciertos sanitarios
con buenos resultados para el presupuesto de la Comunidad Andaluza y
satisfacción para el usuario que en nada distingue el que el profesional
médico, las pruebas a las que se le someten o las instalaciones donde la
reciben sean o no de titularidad privada o pública.
Dichas
“Marchas Blancas”, tituladas así por las numerosas batas blancas que se hacían
ver en las mismas como supuesta expresión del respaldo de los profesionales de
la sanidad en sus distintos estamento, tenían un marcado tinte corporativista y
sindical.
Corporativismo
y sindicalismo que desde presupuestos distintos buscaban el mismo
objetivo. Objetivo que no era otro que
el que su actividad siguiera fuera de todo control que fiscalizara el
cumplimiento de horarios, presencia, compatibilidades con la actividad privada
de los profesionales, de la efectividad de las tareas sindicales,
“liberaciones”, y con ello mantener su “staus quo” con su actual patrón, la
Administración, que en su control, digámoslo suavemente, es más laxo que el que ejerce
una empresa privada.
Así mientras
unos, médicos, enfermeros y auxiliares, podrían sin impedimento mantener su
actividad pública y privada en consultas y centros sanitarios de ambas
titularidades sin preocuparse de que
alguien cobre exclusividades, sin respetarlas o lo más difícil todavía cubra
horarios de consulta, pruebas u operaciones en la sanidad y privada
superponiendo los horarios de una y otra (con perjuicio exclusivo del
cumplimiento de las que le corresponden a la dedicación pública), otros,
sindicatos, mantendrán sus comités, liberados y afiliación, cuestiones todas
ellas que tienen mayor predicamento e implantación en lo público que en lo
privado.
Y frente a
estos ¿quién se acuerda del usuario? supuestamente unos y otros se remitían al
interés último de este, el ciudadano, paciente, para justificar sus
movilizaciones. Sin embargo poco o nada se ha dejado manifestarse a este
colectivo, que somos todos.
Por ello
resulta de interés un dato, que es acumulación de muchas decisiones
individuales tomadas en el ámbito íntimo, anónimo y en función de las
satisfacciones o intereses de cada uno. Me refiero a la decisión del colectivo
de FUNCIONARIOS del Estado adscritos a MUFACE, 1.525.000 ciudadanos, a la hora
de elegir si prefieren que los atienda la sanidad pública o privada.
Pues bien, esa
decisión se ha decantado abrumadoramente a favor de la Sanidad Privada, 1.248.052 funcionarios, el 92,42% del total de 1.525.000
funcionarios de MUFACE, han optado por que los atienda una compañía privada.
Pero es que aún más, en pleno proceso de manifestaciones y
debate público sobre la “defensa” del modelo público 94.305 funcionarios más
que antes han solicitado en enero de
2014 dejar de ser atendidos por el sistema sanitario público para pasarse a la
privada frente a solo 7.737 funcionarios que habiendo estado en el 2013
atendidos por una compañía privada han optado en Enero del 2014 por cambiar al
sistema sanitario público.
Las conclusiones que podemos sacar de ello son evidentes
La primera, el divorcio o total divergencia entre los
intereses de los usuarios de la sanidad, de los que los funcionarios son un
colectivo lo suficientemente numerosos y diverso para ser representativo, y la
de los profesionales y sindicalistas que tanto dicen defender sus intereses.
La segunda, que solo si dejáramos al resto de usuarios, no
funcionarios, manifestarse de igual manera, libre y anónimamente, sobre sus
preferencias podría cualquier colectivo o gobierno manifestarse con certeza
sobre los intereses u opiniones del colectivo de usuarios de la sanidad,
educación (donde la elección y pujanza de la educación concertada es un índice
evidente), etc.
La tercera, que la conjunción de la acción de unos medios
de comunicación como altavoces de una sola de las partes, sin contrastar
razones, motivos e intereses que guían a unos y otros junto a la inacción de
unos órganos judiciales que han eternizado sus decisiones, que no las ha
habido, han llevado a que un gobierno
democrático haya tirado la toalla por carecer de un horizonte temporal
mínimamente cierto para poder plantear las medidas transitorias de un sistema
de gestión a otro y no quedarse en tierra de nadie con los inconvenientes que
plantean estas situaciones en la gestión del presupuesto, plantillas, etc. con el añadido de unas elecciones europeas y autonómicas a la vuelta
de la esquina en las que la instrumentalizacion de la calle podia eludir otros debates e indisponer al electorado ante una de las opciones.
La
cuarta, la hipocresía o esquizofrenia que nos lleva a atacar en público lo
contrario aquello que de manera cotidiana llevamos a cabo privadamente ¿cuántos
de aquellos que se manifestaron no llevaban en sus bolsillos una tarjeta de
Sanitas, ASISA, ADESLAS u otras compañías privadas de asistencia sanitaria? ¿cuántos de los funcionarios presentes en las manifestaciones acababan de elegir una compañia privada para la asistencia sanitaria propia y de sus familiares? ¿Por qué entonces negarles
a los demás lo que quieres para ti?
La quinta y última no es otra que la falta de un verdadero
debate de fondo sobre los motivos en la toma de decisiones o posturas. Razones
que son de presupuesto, de la correcta asignación de recursos a la gestión de
los servicios, de la exigencia de responsabilidad y cumplimientos de
obligaciones a unos y otros y por último de la falta de investigación del papel que habrán
tenido en “alentar” el movimiento de los colectivos sanitarios afectados,
especialmente los médicos, y de los medios de comunicación las compañías
sanitarias privadas que no concurrieron al concurso.
Curiosamente entre estas se encuentran las de mayor
implantación, las que tienen mayor infraestructura y muy seguramente serían las
más perjudicadas, de tener éxito la experiencia, de ser las más perjudicadas
por la baja en la contratación de pólizas privadas de atención sanitaria, ¿Por
qué quién pagaría una póliza sanitaria privada complementaria de la asistencia
pública si esta me atendiera lo rápido y bien que ahora lo hace la privada?
