Voto libre, universal y secreto frente a las Mareas Blancas, democracia frente a demagogia.

Pasadas ya unas fechas  desde que el Gobierno Autonómico de Madrid desistió de su intención de externalizar la gestión ciertos centros sanitarios (hospitales y centros de salud) conviene volver la vista atrás y mirar hacia adelante para analizar la repercusión, motivaciones y verdadero respaldo de las movilizaciones “Mareas Blancas” que se opusieron a esta medida.

Lo indudable del caso es  que una movilización ciudadana, su articulación por los medios de comunicación de masas y un frente judicial han logrado paralizar una iniciativa que ni es nueva en la gestión de servicios públicos (véase la importancia, peticiones y pujanza de la educación concertada dentro del sistema público, universal y gratuito de la enseñanza) y desde luego no lo es en la gestión sanitaria pública como lo demuestra la Sanidad pública de Andalucía, SAS, que mantiene numerosos conciertos sanitarios con buenos resultados para el presupuesto de la Comunidad Andaluza y satisfacción para el usuario que en nada distingue el que el profesional médico, las pruebas a las que se le someten o las instalaciones donde la reciben sean o no de titularidad privada o pública.

Dichas “Marchas Blancas”, tituladas así por las numerosas batas blancas que se hacían ver en las mismas como supuesta expresión del respaldo de los profesionales de la sanidad en sus distintos estamento, tenían un marcado tinte corporativista y sindical.

Corporativismo y sindicalismo que desde presupuestos distintos buscaban el mismo objetivo.  Objetivo que no era otro que el que su actividad siguiera fuera de todo control que fiscalizara el cumplimiento de horarios, presencia, compatibilidades con la actividad privada de los profesionales, de la efectividad de las tareas sindicales, “liberaciones”, y con ello mantener su “staus quo” con su actual patrón, la Administración, que en su control, digámoslo suavemente, es más laxo que el que ejerce una empresa privada.

Así mientras unos, médicos, enfermeros y auxiliares, podrían sin impedimento mantener su actividad pública y privada en consultas y centros sanitarios de ambas titularidades sin preocuparse  de que alguien cobre exclusividades, sin respetarlas o lo más difícil todavía cubra horarios de consulta, pruebas u operaciones en la sanidad y privada superponiendo los horarios de una y otra (con perjuicio exclusivo del cumplimiento de las que le corresponden a la dedicación pública), otros, sindicatos, mantendrán sus comités, liberados y afiliación, cuestiones todas ellas que tienen mayor predicamento e implantación en lo público que en lo privado.

Y frente a estos ¿quién se acuerda del usuario? supuestamente unos y otros se remitían al interés último de este, el ciudadano, paciente, para justificar sus movilizaciones. Sin embargo poco o nada se ha dejado manifestarse a este colectivo, que somos todos.

Por ello resulta de interés un dato, que es acumulación de muchas decisiones individuales tomadas en el ámbito íntimo, anónimo y en función de las satisfacciones o intereses de cada uno. Me refiero a la decisión del colectivo de FUNCIONARIOS del Estado adscritos a MUFACE, 1.525.000 ciudadanos, a la hora de elegir si prefieren que los atienda la sanidad pública o privada.

Pues bien, esa decisión se ha decantado abrumadoramente a favor de la Sanidad Privada, 1.248.052 funcionarios, el 92,42% del total de 1.525.000 funcionarios de MUFACE, han optado por que los atienda una compañía privada.

Pero es que aún más, en pleno proceso de manifestaciones y debate público sobre la “defensa” del modelo público 94.305 funcionarios más que antes  han solicitado en enero de 2014 dejar de ser atendidos por el sistema sanitario público para pasarse a la privada frente a solo 7.737 funcionarios que habiendo estado en el 2013 atendidos por una compañía privada han optado en Enero del 2014 por cambiar al sistema sanitario público.

Las conclusiones que podemos sacar de ello son evidentes

La primera, el divorcio o total divergencia entre los intereses de los usuarios de la sanidad, de los que los funcionarios son un colectivo lo suficientemente numerosos y diverso para ser representativo, y la de los profesionales y sindicalistas que tanto dicen defender sus intereses.

La segunda, que solo si dejáramos al resto de usuarios, no funcionarios, manifestarse de igual manera, libre y anónimamente, sobre sus preferencias podría cualquier colectivo o gobierno manifestarse con certeza sobre los intereses u opiniones del colectivo de usuarios de la sanidad, educación (donde la elección y pujanza de la educación concertada es un índice evidente), etc. 

 

La tercera, que la conjunción de la acción de unos medios de comunicación como altavoces de una sola de las partes, sin contrastar razones, motivos e intereses que guían a unos y otros junto a la inacción de unos órganos judiciales que han eternizado sus decisiones, que no las ha habido, han llevado a que un gobierno democrático haya tirado la toalla por carecer de un horizonte temporal mínimamente cierto para poder plantear las medidas transitorias de un sistema de gestión a otro y no quedarse en tierra de nadie con los inconvenientes que plantean estas situaciones en la gestión del presupuesto, plantillas, etc. con el añadido de unas elecciones europeas y autonómicas a la vuelta de la esquina en las que la instrumentalizacion de la calle podia eludir otros debates e indisponer al electorado ante una de las opciones.

La cuarta, la hipocresía o esquizofrenia que nos lleva a atacar en público lo contrario aquello que de manera cotidiana llevamos a cabo privadamente ¿cuántos de aquellos que se manifestaron no llevaban en sus bolsillos una tarjeta de Sanitas, ASISA, ADESLAS u otras compañías privadas de asistencia sanitaria? ¿cuántos de los funcionarios presentes en las manifestaciones acababan de elegir una compañia privada para la asistencia sanitaria propia y de sus familiares? ¿Por qué entonces negarles a los demás lo que quieres para ti?

La quinta y última no es otra que la falta de un verdadero debate de fondo sobre los motivos en la toma de decisiones o posturas. Razones que son de presupuesto, de la correcta asignación de recursos a la gestión de los servicios, de la exigencia de responsabilidad y cumplimientos de obligaciones a unos y otros y por último de la falta de  investigación del papel que habrán tenido en “alentar” el movimiento de los colectivos sanitarios afectados, especialmente los médicos, y de los medios de comunicación las compañías sanitarias privadas que no concurrieron al concurso.

Curiosamente entre estas se encuentran las de mayor implantación, las que tienen mayor infraestructura y muy seguramente serían las más perjudicadas, de tener éxito la experiencia, de ser las más perjudicadas por la baja en la contratación de pólizas privadas de atención sanitaria, ¿Por qué quién pagaría una póliza sanitaria privada complementaria de la asistencia pública si esta me atendiera lo rápido y bien que ahora lo hace la privada?

Sobre los datos de prestación sanitaria de los funcionarios ver http://www.eleconomista.es/sanidad/noticias/5556892/02/14/Los-funcionarios-huyen-de-la-sanidad-publica-100000-mas-se-pasan-a-la-privada.html