En
mis años en la Administración Local como concejal de la oposición y
posteriormente Director General siempre me ha sorprendido de que lo que fuera
posible en Málaga, Cádiz, Córdoba, etc. no lo era en Sevilla o viceversa estando
regidos dichos municipios por las mismas leyes.
Y
eso por el distinto criterio de los Secretarios o Interventores de los
distintos municipios. Este es un grave
problema porque lleva la inseguridad
jurídica a la labor de gobierno, la esencial tarea de control de la oposición y
produce desconcierto en los ciudadanos que ven como iguales normas son
interpretadas de forma distinta, cuando no contradictoria, en uno u otro
municipio por la opinión que sobre un tema o norma tenga el habilitado nacional
correspondiente, Secretario o Interventor.
Esta
situación produce que inversiones o gastos no puedan ejecutarse porque el
Interventor de turno entiende que lo que el Alcalde o concejal de gobierno entiende
que es un gasto de mantenimiento, como por ejemplo la reparación de caminos de
albero en un parque, para el Interventor es una inversión sin estar prevista
dicha inversión en el presupuesto.
Pues
bien esto tiene fácil solución y no es otra que la instauración de una
Dirección general a nivel de toda España y otra a nivel autonómico donde se solventaran las diferencias de
interpretación de las normas de cada ámbito y poder establecer así la
unificación de doctrina.
Así
ocurre a nivel nacional con los Notarios y Registradores de la Propiedad,
existe una Dirección General específica a la que dirigirse y que dirime las
controversias y establece la interpretación a la norma con la consecuente
actuación homogénea en el territorio nacional.
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