El paradigma del juez estrella. El juez Castro juega a “ganar o ganar”

Anda estos días revuelto el patio judicial nacional a resultas del auto de imputación contra la Infanta Cristina y el recurso que al mismo ha planteado el fiscal Horrach ante la Audiencia de Palma de Mallorca.

El juez Castro ha planteado una de esas diabólicas situaciones en las que no importa cómo se resuelva él siempre va a ganar, y lo demás parece que le va al pairo.

Si la Audiencia rechaza el recurso resultara que siempre tuvo razón, si lo admiten y desimputan a la Infanta resultara que al Robín Hood de la justicia le han ganado el pulso los poderosos y no porque su auto sea un bodrio jurídico, más propio del tiempo de la inquisición que de un Estado de Derecho donde debe primar el principio de la presunción de inocencia.

Resulta llamativo que unos peritos de la Agencia Tributaria a los que él llamo nieguen que haya delito fiscal y el se empeñe en lo contrario. Si no iba a aceptar  su peritaje ¿para qué les pidió que emitieran su informe especializado? ¿Es que solo eran válidos si le daban la razón?

Me parece que el juez Castro no es perito en materia fiscal, sino carecería de razón el que hubiera llamado a los Inspectores de Hacienda por lo que debiera ajustarse al criterio de estos de que no existe delito fiscal, distinto es la falta administrativa que se sustanciaría en un acta de infracción y liquidación del importe no ingresado. Pues si es así, el juez Castro está actuando de manera contraria al derecho a sabiendas, y eso se llama prevaricación.

Por ello resulta aún más chulesco su desplante ante la fiscalía retándola a plantear una querella por prevaricación ante su proceder y el coro de los “progresistas” pidiendo que se reprenda al fiscal Horrach, pues si la Audiencia da la razón al fiscal esa posibilidad no sería tan descabellada, lástima que a la abogada de “Manos Limpias” solo le guste tomar cafelitos y compartir confidencias con el juez Castro. Recuerde señor juez, entre otras cosas,  que no solo hay que ser imparcial sino tambien parecerlo.

 

El lechero, el Estado de Derecho y los exabruptos de Mónica Oriol

A la vista de las declaraciones  de la Presidenta  del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol “El problema es que luego nos da miedo criticar al poder porque en cuanto sacas un poco la patita te manda un inspector de Hacienda o uno laboral y luego te cierran la empresa o te ponen multas”, España estaría lejos de ser una democracia al modo y tal como la definía Winston Churchill “cuando alguien llama temprano al timbre de la puerta, se sabe que es el lechero”.

A mi esta opinión  de la Sra. Mónica Oriol me parece una salida de pata de banco.

No es la primera que se le conoce, pues anteriormente pidió rebajar el salario mínimo a los jóvenes sin formación para a continuación tener que retractarse

 http://cincodias.com/cincodias/2014/04/26/economia/1398508113_668181.html

Como funcionario en ejercicio de la Inspección de Trabajo tengo que decir que no conozco un caso en que se nos haya instrumentalizado tal como indica esta Sra. y me parece que mis compañeros de Hacienda podrían afirmar lo mismo.

A mí lo que me parece es que esta señora no ha asumido aún lo que es un cargo público, la repercusión de las opiniones de estos y el que está sometido a la crítica pública, y ahí es donde me parece que esta Sra. falla.

Da la impresión de que esta más acostumbrada a que le rían las gracias en torno a un gin tonic en el Club ecuestre de Barcelona que a exponerlas y contrastarlas con quien de seguro no las comparte.

Por eso señora, en mi opinión, el problema está en Ud. y no en España, el reparto de poderes y el estado de Derecho que la sustenta. De los palos también se aprende, ahora falta que alguien como Ud., que ha asumido tan alta representación y función, sea merecedor de ella.

 

Las trabajadoras del hogar, la protección a la familia, la conciliación laboral y la protección de las personas dependientes. Reivindiquemos que se trate igual a familias que a empresas. La cuadratura del círculo es posible.

Y sería posible si asimiláramos a las familias a las empresas.

Con la medida de Zapatero, a finales de 2011,  de implantar la cotización a la SS de estas empleadas como en el Régimen General, Zapatero de nuevo discrimino a la familia.

Y ello porque si a una empresa se le permite deducir de sus ingresos el sueldo y cotizaciones sociales que paga a sus empleados para calcular la base por la que cotiza al IRPF o al Impuesto de Sociedades esto mismo no se le permite a la familia.

Esto hace que una familia que da empleo a una trabajadora del hogar le paga su sueldo, seguridad Social y sin embargo a la hora de declarar al IRPF paga por el total de sus retribuciones sin minoración de ese coste como gasto necesario para obtener dichos ingresos.

Cierto es que en alguna ocasión el gobierno, pasado y actual, ha manifestado sus intención de modificar este esquema, pero hasta la fecha dicha intención no se ha concretado en nada.

http://cincodias.com/cincodias/2011/07/26/economia/1311816215_850215.html

http://www.expansion.com/2014/02/05/economia/1391558216.html

Pues bien, como digo el mecanismo debería ser por la minoración de la base Imponible en el IRPF de la familia empleadora por la cantidad anual pagada en concepto de sueldos y seguridad Social.

Si eso fuera así no habría que objetar a la petición de equiparación de las empeladas del hogar a los trabajadores del Régimen General. De otra manera solo estaríamos sobrecargando a las familias que lamentablemente tendrían que prescindir de esa empleada o pagarle “en negro” ante el incremento de coste que eso supondría.

Y como ejemplo un botón. Para una renta de 30.000 euros anuales netos el contratar a un empleado del hogar a razón de un sueldo de 7.700 euros anuales (550 euros mes por 14 pagas) y unas cuotas de  Seguridad Social al año de 1.617 euros, lo que supone un coste de 9.317 euros, el que le permitieran deducir este importe de sus rendimientos sujetos al IRPF le supondría un ahorro de 2.795 euros en su declaración anual al IRPF.

Con este ahorro estaría pagando el costo para cada familia de la Seguridad Social del empleado de hogar y algo más. Si trasladamos ese ahorro individual a todos los 700.000 contratos de los actualmente en alta en el Régimen Especial de Trabajadores del Hogar estaríamos hablando de un beneficio fiscal para las familias de 1.956 millones de euros, coste inferior a la reciente reforma del IRPF presentada por Cristóbal Montoro, que estima en 2.500 millones.

Pero es que dicha medida tendría efectos muy favorables entre los que cabria mencionar

-. La introducción de un incentivo fiscal a la contratación de dichas empleadas. Hay que recordar que con la introducción de la formula de contratación y cotización de Zapatero, el Régimen Especial de Trabajadores del Hogar bajo en 300.000 afiliados. “Perdida” que en buena lógica pasaron a la economía sumergida. Y ello sin contar con las empleadas del hogar que ya con el anterior sistema no eran contratadas regularmente. El empleador vería a su contratación una “contraprestación fiscal”.

Con el sistema actual, esta falta de “rendimiento fiscal” se percibe como un gravamen más a este tipo de contratación, máxime con las facilidades que existen para su ocultación a la Seguridad Social y a Hacienda.

-.Podríamos encontrar con ello un medio de hacer realidad la retribución de las cargas a las personas dependientes, mayores o minusválidos, que necesitan de una persona o más para los actos cotidianos de su cuidado y que actualmente soportan este gasto con su escasa pensión o con las aportaciones de sus familiares sin recompensa alguna por la deficiente dotación de los fondos estatales y de las CCAA a la dependencia.  

-.Fomentaríamos la conciliación de la vida laboral y familiar de un sinfín de mujeres trabajadoras que la volver a casa se encuentran con las obligaciones de su hogar. A la vez mejoraríamos la atención a la infancia  singularmente en aquellos periodos vacacionales que los padres no pueden simultanear con ellos, y lo que no es poco, sería un apoyo fundamental a la familia y la natalidad, lo que a la vista de los últimos descensos de  la misma por quinto año consecutivo no vendría nada mal.

-. Consecuencia de ello aumentaría el empleo y  la afiliación a este Régimen Especial, y no es muy aventurado pronosticar que recuperaríamos esos 300.000 empleos que se perdieron por la reforma de Zapatero. Y con ello se aumentaría la recaudación por cuotas a la SS.

-. Aumentaría la recaudación fiscal al aflorar rentas hasta ahora ocultas. Se puede argumentar que con el salario medio de este sector difícilmente se llegaría al umbral de obligación de declarar del IRPF, pero de igual modo se olvidaría que este tipo de ingresos son “complementarios” de los obtenidos  por la unidad familiar y que al haber entonces más de una fuente de ingresos en la unidad familiar, esta tendría que optar por la declaración individual al IRPF (más desfavorable que la conjunta cuando solo uno de los  cónyuges obtiene renta) o integrar estos rendimientos en la declaración conjunta. En uno u otro caso aumentaría la recaudación por el IRPF.

-. Bajaría el fraude en las prestaciones sociales, pues el afloramiento de estos contratos hará que muchas personas que son ahora perceptoras de ayudas o subsidios sociales, no teniendo en realidad derecho a ello, dejen de obtenerlos.

Además de ello evitaríamos que nos venga  de fuera un cantamañanas que pretenden darnos lecciones a todos los españoles. Es el caso del  representante para España de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), organización  cuya composición recuerda la de las Cortes franquista, la democracia orgánica, pues sus miembros son elegidos por Sindicatos, Organizaciones Empresariales y Gobiernos.

Y ello con motivo de la petición de la ratificación por España del  Convenio 189 de la OIT referido al trabajo de las empleadas del hogar (empleo el femenino pues este colectivo es mayoritariamente, que no exclusivamente de mujeres) con el argumento de que, 13 países (entre ellos Italia, Alemania y Bélgica) ya lo han hecho frente a 172 que no (entre los que se encuentran Suiza, Suecia, Dinamarca, Canadá...). Vienen a decirnos que el trabajador de este régimen no tiene los mismos derechos que el del Régimen General de la Seguridad Social y particularmente que no tienen derecho al desempleo.

La réplica a esta posición maximalista es que para eso el Régimen de Empleadas del hogar, como el de Autónomos, el Agrario, Artistas y Toreros, de Deportistas es un Régimen Especial y no está integrado en el General y que como cada uno de ellos tiene sus peculiaridades.

Por si eso no fuera bastante podríamos recordarles que en España la indemnización por despido esta en 33 días por año mientras en Europa está en torno a los 12 días, que en España hay Salario Mínimo, cuando en Bélgica, Italia, Austria, Suecia, Finlandia o Dinamarca no existe  y que en Alemania no existía hasta el mes pasado.

Es claro que cada nación, cada economía es diferente y por ello mismo las condiciones no tiene por qué coincidir, y si queremos armonizarlas hagámoslo, creo que es conveniente, pero con todas sus consecuencias las malas y las buenas.

No obstante, como he argumentado, en el caso de las empleadas del hogar creo que sería posible acceder a ello y con favorables consecuencias para todos si tratamos de igual manera a familias que a las empresas a la hora de considerar el sueldo y las cotizaciones sociales como un gasto a detraer de los ingresos para calcular el impuesto del IRPF.

El complejo de inferioridad de los españoles o como nos gusta pegarnos tiros en el pie. Las prospecciones petrolíferas en Canarias, Baleares y el "agip pro" de ecologistas y nacionalistas canarios.

Resulta realmente curioso observar como es común en los países de nuestro entorno que se constituyan fundaciones y asociaciones de todo tipo a favor de algún propósito, ya sea de investigación, fomento cultural o cívico. Dichas fundaciones se nutre de donaciones de ciudadanos corrientes o de mecenas adinerados como Bill Gates y benefician por igual a hospitales, centros universitarios, centros de investigación o una candidatura política.

En España esto es bastante más raro. Aquí  lo que nos va es constituir asociaciones o plataformas para ir “en contra de algo”. Nunca mais, No a la guerra, No al trasvase del Ebro y así hasta el infinito. Es triste decirlo pero parece que a los españoles nos anima un espíritu destructivo, muy propio del que dicen que es nuestro pecado capital, la envidia, y por el cual parece que preferimos el mal ajeno antes incluso que nuestro propio beneficio.

No otra cosa me parecen las plataformas, movimientos, manifestaciones en contra de las prospecciones petrolíferas en Baleares y Canarias.

Primero, prospecciones en el mar existen desde hace mucho tiempo y no hay que irse al extranjero. Es bien conocido como una nación desarrollada y avanzada en temas medioambientales como es Noruega basa buena parte de su economía en las prospecciones petrolíferas en sus costas. Igual puede decirse del Reino Unido y sus plataformas del Mar del Norte. Suponen una fuente de ingresos, riqueza y empleo que envidian en todo el mundo.

Pero es que en España ya existen hace muchos años en las costas de Tarragona y Huelva, no habiéndose escuchado en estos años atrás  queja alguna. Es más que conocida la potencia turística de las costas de Huelva y Tarragona que en nada se han visto afectadas por la existencia de las plataformas en sus inmediaciones. Será por qué no se ven, están a más de 45 km de la costa, cuando el horizonte visible es de 5 km, y porque su explotación no ha generado ningún problema medioambiental.

Si no vale el ejemplo español no hay más que mirarse en el espejo de Italia que mantiene frente a sus costas del Adriático y Sicilia más de 100 plataformas. ¿O es que en Italia tampoco hay turismo ni respeto medioambiental?

Tercero, en el caso de Canarias compartiremos prospecciones por parte de Marruecos al otro lado de la línea que delimita las aguas territoriales españolas y marroquíes entre Canarias y en continente africano. ¿Será que el hipotético derrame tendrá distinta condición según sea petróleo español o marroquí?

Cuarto, si como en el caso de Canarias va a haber prospecciones por el lado marroquí ¿vamos a quedarnos con los riesgos sin compensarlos con el beneficio que reportara su explotación?. Soy de los que prefiero, como en el debate nuclear, que si hemos de nutrirnos de energía mejor será que la produzcan instalaciones cuya construcción este amparada por la legislación española y su funcionamiento controlado por los organismos nacionales.

Quinto, la campaña en supuesta defensa de los valores medioambientales que están llevando a cabo las organizaciones como WWF y Greenpeace por lo desmesurada raya el ridículo. ¿Acaso no es el mar del Norte un lugar privilegiado de cría de ballenas y otras especies? ¿Quién puede dudar de la sensibilidad medioambiental de noruegos y británicos?. Similares objeciones han puesto los ecologistas a cualquier infraestructura de importancia. ¿Quién no recuerda la oposición al cable subterráneo en Tarida por que el influjo electromagnético iba a acabar con la fauna submarina? ¿Quién no recuerda como se oponían a los molinos de viento, aerogeneradores, porque iban a acabar con las rutas migratorias de las aves?. Aquí la cosa es oponerse a todo y por todos los motivos.

Sexto, el proyecto tiene la Calificación Ambiental Favorable. Antes de ello dicha calificación ha estado sometida a periodo de alegaciones y recursos y todos se han examinado y contestado, incluyendo modificaciones o requisitos adicionales al proyecto original o las medidas correctoras. ¿A qué viene ahora este ruido? Parece que si no nos parece bien cómo va el partido nos llevamos la pelota. No es serio que cuando una decisión nos favorece o es acorde con nuestra posición este tomada con todas las garantías y cuando no lo es se cuestione desde el órgano que la emite y hasta sus mínimos pronunciamientos.

Así, y entre otros, lo sostiene el Colegio Oficial de Geólogos  afirmando que “en España tenemos la legislación más exigente del mundo en materia de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos” por lo que el cumplimiento de la legislación que asegura la Calificación Ambiental Positiva del Ministerio asegura un riesgo medioambiental extremadamente bajo.

Por ello, lo que corresponde es dejar trabajar a la empresa y las administraciones. Exigir el cumplimiento de la norma y las condiciones de la calificación Ambiental en cuanto a las medidas correctoras y dejarnos de manipular sensibilidades, generar desconfianza sobre nuestras propias posibilidades como nación desarrollada que somos y asumir que riesgo cero no existe ni cuando caminamos por las calles de nuestro barrio. Y los de Coalición Canaria que se dejen de manipular que lo único que pretenden es desgastar al candidato del PP en las Islas canarias que no es otro que el Ministro de Industria José Manuel Soria.

La imagen que ilustra este post señala las zonas de prospección entre Canarias y Marruecos revelando la proximidad entre las de titularidad marroquí y española.

Para quien quiera más información

http://www.efeverde.com/blog/noticias/repsol-preve-perforar-en-mayo-y-ofrece-la-base-a-lanzarote-y-fuerteventura/

http://www.energiadiario.com/publicacion/spip.php?article25314

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=256176&p=6

 

La División de poderes y los dinamiteros del Estado de Derecho. III parte: la dictadura de los trending topic frente a la verdad y la razón

En la joven democracia que es aun España, estamos pasando el sarampión de los estados de opinión. De lo que sale en los medios de comunicación, las redes sociales, la extrema relevancia del sentimiento, el eslogan y su prevalencia pública frente a la razón y los tozudos hechos.

De un tiempo a esta parte los españoles, los ciudadanos, sus gobernantes, los medios de comunicación toman demasiado en consideración los trending topic o tendencias.

No están tan lejos “los tiempos de hierro” del terrorismo  de ETA y los GRAPO cuando se nos repetía, y asumíamos, que no era bueno gobernar ni legislar “en caliente” para no autorizar la pena de muerte para esos asesinos. Igual imprecación se viene repitiendo cuando los crueles crímenes sobre niños o jóvenes nos provocan igual reclamación sobre ese particular tipo de delincuentes.

Y es lógico. Los sentimientos se enervan pero el tiempo lo atenúa y se analiza la propuesta con mayor perspectiva y mesura. Y no es que me espante la pena de muerte pero si trato de evitar el linchamiento, esa es la diferencia  entre el estado de Derecho y el populismo, la anarquía o la arbitrariedad.

Si esto es así, o debiera serlo, resulta un despropósito ver a diario como políticos, medios de comunicación y los responsables gobiernos de municipios, autonomías y del Estado están pendientes en demasía  de la “tendencia” en las redes sociales sobre tal o cual tema.

Este seguidismo hace que movimientos o acontecimientos de una dimensión muy limitada tengan una repercusión multiplicadora que genera una apariencia de “tsunami” que genera debates artificiales, temores infundados y lo que es peor provoca una toma de decisiones coyunturales y cortoplacistas ajenas al interés general a la vez que desorientadoras para la mayoría de los ciudadanos.

Pongo por caso las “reuniones” a favor de la Republica en las ciudades españolas. Escasamente han congregado a más de 40.000 personas en toda España, menos público del que cada semana logra reunir un partido en el Santiago Bernabeu o el Nou Camp, y sin embargo dicho tema llena los medios de comunicación escritos, radiados y televisivos aparte de las tertulias de café en toda España.

Frente a ello, y en demasiadas ocasiones, se ha silenciado manifestaciones reiteradas y multitudinarias como eran las de las víctimas del terrorismo, contra el aborto, a favor de la Constitución española y otras en las que he participado o no, pero que reunían en un solo momento y lugar a cientos de miles de personas sin que por ello suscitaran ni una mención en los medios de comunicación.

Refuerza ello la idea de que unos hechos equiparables suscitan distinta atención no por ello tienen mayor o menor seguimiento popular, los diferencia la instrumentalización y el marketing.

No obstante esta situación necesita un caldo de cultivo. Precisa de una crisis de valores e ideas comunes, de una educación laxa que ante el fracaso escolar no tiene más salida que los “aprobados por decreto” antes que la motivación del alumnado y magisterio, antes que la promoción del esfuerzo y el talento. Requiere de años de aborregamiento, de “pan y circo” a manos llenas donde al ejercicio de un derecho no se requería el cumplimiento de deber o compromiso alguno.

En definitiva requiere del triunfo del individualismo, de la búsqueda de la satisfacción de nuestros deseos de manera inmediata, del nihilismo, del  narcisismo y de la negación del bien o el interés común ante el que sacrificar los anhelos de uno mismo a favor de los demás. Es la crisis de las vocaciones en todo sentido y ámbito.

Este es un cáncer que corroe cualquier nación o institución pues le arrebata la cohesión, la seguridad en sí misma, haciéndole retroceder ante cualquiera reclamación por peregrina que sea o con independencia de su respaldo por el solo motivo de que carece de razones, principios y apoyos ciudadanos que oponerle.  

Es por ello que a falta de estadistas, las organizaciones y partidos mayoritarios han de llegar a consensos básicos y mínimos pero esenciales. Han de restablecer la seguridad ante las “líneas rojas” que otros pretenden sobrepasar, han de restablecer la confianza en la ley y en que su cumplimiento está asegurado.

Si se quiebra la confianza en la ley, en la autoridad que garantiza su cumplimiento, simplemente nos desmoronáremos ante el primer embate y daremos paso a la arbitrariedad, a la anarquía, y el imperio de la ley, el Estado de Derecho, dará paso al caos, la ley del más fuerte y el populismo haciéndonos añorar al poco cualquier tiempo pasado como mejor.

Por ello es tiempo de acuerdos, de política con mayúsculas, de renuncias por unos y otros a favor de todos, si llega el caso de una “Gran Coalición”.  Puedo no haber compartido la política y las ideas de Felipe González , usted lector puede no haber compartido las de Aznar, Suarez, Calvo Sotelo, Tarradellas,  pero ante sus trayectorias, sus legados, los Pablo Iglesias  y Mas de hoy no dan ni para una mala caricatura.

Y Rajoy, Rubalcaba o quien le suceda tendrán el apoyo de esa aplastante mayoría de españoles que cada día  madrugamos para procurar lo mejor para nuestras familias y el resto de los españoles, aunque no tengamos cuenta en facebook o twitter.

 

 

La División de poderes y los dinamiteros del Estado de Derecho. II parte: Los partidos políticos “gamberros”

En política internacional se califica como “Estado gamberro” al que actúa al margen del derecho internacional y deciden atacar sus valores fundamentales en el territorio de su jurisdicción.

De igual manera podemos calificar como partidos políticos “gamberros” a aquellos que usan los medios y recursos del sistema democrático representativo como un instrumento para la destrucción del mismo y la materialización de su propio programa político de carácter totalitario y excluyente.

Ejemplos de ello tenemos a decenas, tal vez el que alcanzo más éxito fue el Partido bolchevique que accedió a la Dieta o Parlamento ruso e instrumentalizo las prerrogativas que esto le proporcionaba para destruir el sistema democrático aflorado tras el derrocamiento del Zar comenzando así la dictadura comunista que duraría 70 años. No muy a la zaga le fue el partido Nazi, con Adolf Hitler a la cabeza, que accediendo al Reichstag o Parlamento alemán por medios democráticos se sirvió de ello para instaurar un régimen totalitario y criminal.

Pues bien en España no estamos exentos de este fenómeno aunque sorprende comprobar cómo sus protagonistas distan de ser movimientos populistas de vida más o menos efímera sino que, como IU, ERC, CiU y PNV, son partidos de larga trayectoria y asentados en el electorado si bien de forma históricamente minoritaria.

Pues bien estos partidos desde el inicio de su participación parlamentaria han encaminado su acción política, con diversa intensidad y a través de diversos medios en función del momento político, al debilitamiento del Estado y sus instituciones ya sea dejando que otros “agiten el árbol” para recoger las nueces (caso del PNV), instaurando un sistema autonómico donde rige la ley común en tanto en cuanto no contradice el “espíritu del pueblo” y los intereses disgregadores de una elite (caso de CiU y ERC) o lo que es más sorprendente viniendo de un partido de implantación nacional como IU, deslegitimando  las instituciones nacionales tal vez en una romántica  e infantil añoranza de una ruptura que no se dio y donde “pescar” en río revuelto una relevancia que le niegan reiteradamente las urnas y la historia.

Ante ello el Estado de Derecho ha estado demasiado tiempo pasivo, a la expectativa. La más de las veces ha sido por intereses cortoplacistas de alianzas electorales como las que permitieron a PSOE y PP acceder a gobiernos nacionales o autonómicos y de los que los partidos nacionalistas sacaban inmediato provecho bien con la asunción de nuevas competencias, la recepción de mayor financiación o un mirar hacia otro lado sobre la gestión de los derechos y libertades (singularmente lingüísticas) de los ciudadanos residentes en sus comunidades.

Sin embargo las más de las veces esta inacción del partido en el Gobierno de España se ha debido a la posición cainita de los partidos en el poder y su incapacidad para adoptar políticas de Estado que tuvieran continuidad en el tiempo al uso de lo que se hace en otras naciones de nuestro entorno donde los partidos se alterna con normalidad en los gobiernos pero los objetivos nacionales que fomentan el progreso de sus naciones se mantienen en el tiempo como son  las alianzas internacionales, la mejora de la educación, el fomento de las inversiones y la creación de empleo.

Por ello y antes si quiera de abordar el remedio a la acción disgregadora de los partidos “gamberros” es necesario el que los grandes partidos demuestren a sus dirigentes de segunda fila, a sus afiliados y votantes que pactar temas de Estado y mantener dichos compromisos en el tiempo no supone abdicar de sus políticas sino reconocer que hay temas que deben estar ajenos al vaivén de las mayorías y conforman el esqueleto del progreso de la nación.

El primero de estos temas es sin duda el de la forma de Estado y sus límites. Algo que estuvo cerca de alcanzarse con la LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del proceso autonómico, que consensuada entre PSOE y PP intento poner claras las competencias de Estado y Autonomias pero  que el Constitucional echó  abajo. Sin embargo retomar este tema no solo es importante sino imprescindible pues es un tema sobre el que debemos dejar de discutir por el bien de todos.

El segundo sería el clarificar nuestro lugar en el mundo y nuestra política de alianzas. Asumido nuestro lugar en Europa falta una clara posición sobre nuestra vocación atlántica, que no se agota con nuestra pertenencia en la OTAN sino que debe trasladarse en evitar devaneos que no llevan a nada como la “alianza de civilizaciones” y las conteporizaciones con regímenes bolivarianos o yihadistas que debilitan nuestro credito internacional entre las naciones con las que debemos medirnos.

El tercero y no menos importante es el acuerdo sobre la Educación. En ello debemos abandonar apriorismos e intentos de hacer de la escuela un lugar de formación ideológica para pasar a ser un lugar donde se imparta conocimiento y se enseñe su utilización, aplicación para el desarrollo de la persona como ciudadano libre y elemento vertebrador de una sociedad a la que debe con su esfuerzo y capacidad contribuir a desarrollar cultural y económicamente.

Si estos y otros temas se consensuaran el 90% de la tarea estaría ganada.

Contra los partidos gamberros y su acción disgregadora tendrían los sucesivos gobiernos las manos libres para actuar sabiendo que su acción iba a verse respaldada por la inmensa mayoría  y el respaldo de la ley.

¿Que como? No parece complicado y la manera más sencilla es hacer valer la verdadera representatividad en los Parlamentos en función de los votos. El actual sistema prima a aquellos que concentran en los pequeños ámbitos de su comunidad (tres y cuatro provincias respectivamente frente a 50 que constituyen España) el total de sus votos aunque en el total de la nación sea irrelevante.

Así lo vemos en las elecciones europeas que tienen como circunscripción única a España. Por ello la solución circunscripción única electoral y veríamos si eran capaces de constituir siquiera un grupo parlamentario. Esta medida tendría como efecto el darle su verdadera dimensión a IU pues a esta formación, al contrario de los nacionalistas, les perjudica su dispersión del voto en las 50 provincias sin entidad individualmente para proporcionarles una representación que merecerían por su implantación. Soy de los que piensa que reparado ese “agravio comparativo” que sus dirigentes achacan al “sistema” su postura ante el mismo cambiaria significativamente y el darle su entidad real como opción de gobierno u oposición lo “centraría” y alejaría de su actual papel marginal y populista que en ocasiones y por su afan de mimetizarse con cualquiera que se ponga detras de una pancarta llega a ser delirante.

La División de poderes y los dinamiteros del Estado de Derecho. I parte: Los jueces estrella

La democracia no es un concepto que se agote en la libre elección de nuestros representantes políticos. La democracia, aparte de ello, supone un conjunto de garantías y contrapesos que impiden caer en el autoritarismo y la arbitrariedad a cualquiera de los tres poderes del Estado.

Montesquieu  configuro un sistema de división de poderes que unido a un sistema de libre mercado,  ha potenciado el desarrollo de las sociedades y las personas en los últimos 250 años.

Sistema político y económico que se ha demostrado como el mejor instrumento para elevar el nivel de vida de la población, mayor capacidad de adaptación  a los tiempos y las circunstancias que el imperialismo, el fascismo o el comunismo, tendencias llamadas en su momento a arrasar todo lo preexistente y hoy de hecho desaparecidas.

Pues bien, últimamente determinados jueces estrella  de la Audiencia Nacional vierten críticas contra el legislativo totalmente fuera de lugar para un miembro de un órgano jurisdiccional, olvidando su función de aplicador de la norma.

Ya fue preocupante cuando a resultas de la aprobación de la última reforma laboral, jueces  individuales y asociaciones de los mismos manifestaron su desacuerdo con la misma y su propósito de hacerla naufragar en las reclamaciones que se sustanciaran en sus respectivos órganos jurisdiccionales. No han dejado de hacerlo o intentarlo aprovechando la ausencia de doctrina del Supremo y sumiendo en clara indefensión a quienes tratan de ponerla en práctica. Y todo ello para al final perjudicar a los desempleados pues ante esta ausencia de respeto a la ley,  interpretación torticera de la misma, a quienes perjudica es a los desempleados y trabajadores en general pues retrae a las empresas en sus inversiones y en que traduzcan las mismas en creación de empleo.

Y mientras tanto estos salvadores y los sindicatos guardan un ominoso silencio sobre la indemnización de 8 días para los contratos temporales frente a los 33 días de un contrato indefinido, eso, que viene de antiguo, les parece estupendo.

Si esto han hecho con la reforma laboral igual o peor con la ley de jurisdicción universal.

No sé en qué parte de nuestra Constitución o Tratado Internacional que España haya suscrito viene dicho que debamos erigirnos en guardianes de la moral y legalidad internacional, encauzando al Presidente Chino, los miembros de las Juntas Militares argentina, guatemalteca o chilena y todo aquel al que un iluminado se le ocurra denunciar en los juzgados de nuestra nación.

Da lo mismo que esos países tengan órganos judiciales propios,  que hace tiempo que hayan alcanzado la democracia como Argentina, Chile o Guatemala.

Da lo mismo que difícilmente un órgano judicial español pueda siquiera esbozar una causa de manera mínimamente objetiva y con datos corroborables  in situ aparte de las declaraciones de parte e interesadas de los denunciantes.

Da lo mismo, lo importante es ganar un titular, cinco minutos en el telediario y de paso hacer de España el hazmerreir del mundo aparte de jugar de manera infantil con el prestigio de nuestra nación en el mundo, la posibilidad de atraer inversiones, afectando a procesos de adopción internacional y condicionando para los españoles el ejercicio de ciertos derechos en esas naciones.

Debe ser que sus hijos y familiares tienen asegurado su puesto de trabajo, que les trae al pairo la situación de los niños chinos  o rusos pendientes de adopción y el sentimiento de las parejas españolas que anhelan acogerlos.

Pero el esperpento, por no llamarlo delito, está en el “arma mediáticamente arrojadiza” que están empleando contra el Gobierno que la promovió y el Parlamento que aprobó la reforma de la ley de jurisdicción universal.

Me refiero a las excarcelaciones de narcotraficantes que un día si y el siguiente también están promoviendo y aireando en las televisiones españolas con la excusa de que son los efectos de la reforma de la referida ley.

Como el fiscal del Tribunal Supremo ha manifestado en su recurso ante el alto tribunal, soy de los que mantengo que la competencia de la jurisdicción española se basa en el primer párrafo del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues “basta que los Tratados autoricen al Estado a actuar y a declarar dicha competencia, como sucede con los artículos 4 y 17 de la Convención de Naciones Unidas contra la droga de 1988", para que se pueda juzgar en España a los narcotraficantes detenidos.

Es por ello que "Si un Estado puede solicitar la colaboración de otros para poner término a la utilización de un barco sin pabellón o matrícula en el tráfico de drogas, puede también adoptar contra éste las mismas medidas para las que tiene competencia en relación con los que enarbolan su pabellón; y, si esto es así, puede asumir la competencia para el enjuiciamiento", lo contrario es ignorar el artículo 96.1 de la Constitución en relación con la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Convención de Naciones Unidas contra la droga de 1988 que al estar suscrita por España está vigente y es aplicable como el resto del ordenamiento jurídico y prevalece sobre el mismo en lo que pueda contradecirlo.

Por ello y si eso es así, dada la obligación de nuestros jueces y magistrados de conocer y aplicar el derecho estarían, con estas excarcelaciones, prevaricando al haber adoptado una decisión injusta a sabiendas pues no pueden desconocer la ley vigente, aplicable, y sino alguien debiera así recordárselo como a los jueces Garzón, Gómez de Liaño o Elpidio Silva entre otros. Y es que ser juez no les hacer estar por encima de la ley ni transmuta su materia mortal en la de legislador.