viernes, 6 de junio de 2014

La División de poderes y los dinamiteros del Estado de Derecho. II parte: Los partidos políticos “gamberros”

En política internacional se califica como “Estado gamberro” al que actúa al margen del derecho internacional y deciden atacar sus valores fundamentales en el territorio de su jurisdicción.
De igual manera podemos calificar como partidos políticos “gamberros” a aquellos que usan los medios y recursos del sistema democrático representativo como un instrumento para la destrucción del mismo y la materialización de su propio programa político de carácter totalitario y excluyente.

Ejemplos de ello tenemos a decenas, tal vez el que alcanzo más éxito fue el Partido bolchevique que accedió a la Dieta o Parlamento ruso e instrumentalizo las prerrogativas que esto le proporcionaba para destruir el sistema democrático aflorado tras el derrocamiento del Zar comenzando así la dictadura comunista que duraría 70 años. No muy a la zaga le fue el partido Nazi, con Adolf Hitler a la cabeza, que accediendo al Reichstag o Parlamento alemán por medios democráticos se sirvió de ello para instaurar un régimen totalitario y criminal.

Pues bien en España no estamos exentos de este fenómeno aunque sorprende comprobar cómo sus protagonistas distan de ser movimientos populistas de vida más o menos efímera sino que, como IU, ERC, CiU y PNV, son partidos de larga trayectoria y asentados en el electorado si bien de forma históricamente minoritaria.

Pues bien estos partidos desde el inicio de su participación parlamentaria han encaminado su acción política, con diversa intensidad y a través de diversos medios en función del momento político, al debilitamiento del Estado y sus instituciones ya sea dejando que otros “agiten el árbol” para recoger las nueces (caso del PNV), instaurando un sistema autonómico donde rige la ley común en tanto en cuanto no contradice el “espíritu del pueblo” y los intereses disgregadores de una elite (caso de CiU y ERC) o lo que es más sorprendente viniendo de un partido de implantación nacional como IU, deslegitimando  las instituciones nacionales tal vez en una romántica  e infantil añoranza de una ruptura que no se dio y donde “pescar” en río revuelto una relevancia que le niegan reiteradamente las urnas y la historia.

Ante ello el Estado de Derecho ha estado demasiado tiempo pasivo, a la expectativa. La más de las veces ha sido por intereses cortoplacistas de alianzas electorales como las que permitieron a PSOE y PP acceder a gobiernos nacionales o autonómicos y de los que los partidos nacionalistas sacaban inmediato provecho bien con la asunción de nuevas competencias, la recepción de mayor financiación o un mirar hacia otro lado sobre la gestión de los derechos y libertades (singularmente lingüísticas) de los ciudadanos residentes en sus comunidades.

Sin embargo las más de las veces esta inacción del partido en el Gobierno de España se ha debido a la posición cainita de los partidos en el poder y su incapacidad para adoptar políticas de Estado que tuvieran continuidad en el tiempo al uso de lo que se hace en otras naciones de nuestro entorno donde los partidos se alterna con normalidad en los gobiernos pero los objetivos nacionales que fomentan el progreso de sus naciones se mantienen en el tiempo como son  las alianzas internacionales, la mejora de la educación, el fomento de las inversiones y la creación de empleo.

Por ello y antes si quiera de abordar el remedio a la acción disgregadora de los partidos “gamberros” es necesario el que los grandes partidos demuestren a sus dirigentes de segunda fila, a sus afiliados y votantes que pactar temas de Estado y mantener dichos compromisos en el tiempo no supone abdicar de sus políticas sino reconocer que hay temas que deben estar ajenos al vaivén de las mayorías y conforman el esqueleto del progreso de la nación.

El primero de estos temas es sin duda el de la forma de Estado y sus límites. Algo que estuvo cerca de alcanzarse con la LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del proceso autonómico, que consensuada entre PSOE y PP intento poner claras las competencias de Estado y Autonomias pero  que el Constitucional echó  abajo. Sin embargo retomar este tema no solo es importante sino imprescindible pues es un tema sobre el que debemos dejar de discutir por el bien de todos.

El segundo sería el clarificar nuestro lugar en el mundo y nuestra política de alianzas. Asumido nuestro lugar en Europa falta una clara posición sobre nuestra vocación atlántica, que no se agota con nuestra pertenencia en la OTAN sino que debe trasladarse en evitar devaneos que no llevan a nada como la “alianza de civilizaciones” y las conteporizaciones con regímenes bolivarianos o yihadistas que debilitan nuestro credito internacional entre las naciones con las que debemos medirnos.

El tercero y no menos importante es el acuerdo sobre la Educación. En ello debemos abandonar apriorismos e intentos de hacer de la escuela un lugar de formación ideológica para pasar a ser un lugar donde se imparta conocimiento y se enseñe su utilización, aplicación para el desarrollo de la persona como ciudadano libre y elemento vertebrador de una sociedad a la que debe con su esfuerzo y capacidad contribuir a desarrollar cultural y económicamente.

Si estos y otros temas se consensuaran el 90% de la tarea estaría ganada.

Contra los partidos gamberros y su acción disgregadora tendrían los sucesivos gobiernos las manos libres para actuar sabiendo que su acción iba a verse respaldada por la inmensa mayoría  y el respaldo de la ley.

¿Que como? No parece complicado y la manera más sencilla es hacer valer la verdadera representatividad en los Parlamentos en función de los votos. El actual sistema prima a aquellos que concentran en los pequeños ámbitos de su comunidad (tres y cuatro provincias respectivamente frente a 50 que constituyen España) el total de sus votos aunque en el total de la nación sea irrelevante.

Así lo vemos en las elecciones europeas que tienen como circunscripción única a España. Por ello la solución circunscripción única electoral y veríamos si eran capaces de constituir siquiera un grupo parlamentario. Esta medida tendría como efecto el darle su verdadera dimensión a IU pues a esta formación, al contrario de los nacionalistas, les perjudica su dispersión del voto en las 50 provincias sin entidad individualmente para proporcionarles una representación que merecerían por su implantación. Soy de los que piensa que reparado ese “agravio comparativo” que sus dirigentes achacan al “sistema” su postura ante el mismo cambiaria significativamente y el darle su entidad real como opción de gobierno u oposición lo “centraría” y alejaría de su actual papel marginal y populista que en ocasiones y por su afan de mimetizarse con cualquiera que se ponga detras de una pancarta llega a ser delirante.
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