Lleva una
racha la Audiencia nacional con decisiones y opiniones de sus distintas secciones, salas y
magistrados que parecen ir aconsejando echarle el cerrojo y tirar la llave.
Para quien lo
desconozca la Audiencia Nacional es una
instancia judicial, sui generis y que no existe en buena parte de las
judicaturas del mundo civilizado. Y no existe porque supone eliminar o
sustituir al juez natural, el que por la materia y localidad donde se
desarrollan los hechos debiera corresponderle al encauzado, lo que en principio
va contra el principio de existencia de jurisdicciones especiales.
Hay que
recordar que la Audiencia nacional nació de la necesidad de contar con un tribunal
independiente capaz de juzgar los crímenes del terrorismo sin verse afectado
por la presión política y social del entorno de la organización ETA, algo que
se entendió era imposible si estos juicios se llevaban a cabo en el País Vasco
con la presión inmediata y directa del terrorismo etarra. Y hay que reconocer
que para dicha función ha dado sobrados y meritorios servicios a España,
incluso a costa de la vida e integridad física de algunos de sus miembros como la
fiscal Carmen Tagle que cayeron víctimas de la banda asesina y mafiosa ETA.
No obstante y
de un tiempo a esta parte miembros muy destacados de la Audiencia Nacional,
magistrados y fiscales, perecen aquejados de un “mal de altura" que les lleva a
postularse como interpretes únicos y verdaderos no de la ley, a la que todos
estamos sometidos, sino de la justicia y de la ética o moral, “sobrevolando”
por encima de Parlamento, Gobierno, Consejo del Poder Judicial o cualquier otro
que se atreva a salirse del “camino” que solo ellos parecen conocer.
Y hay que
recordar a estos señores que el estado de Derecho se basa en la separación de
poderes, y dentro de este los jueces están para hacer cumplir las leyes que
promulga el Parlamento, para hacer cumplir la ley, no para inventársela o
interpretarla de forma contraria al ánimo del legislador para impedir lo que
este quiso hacer posible. nadie les pide que esten de acuerdo con ello por que su opinión no es la que cuenta sino la del legislador que elegimos los españoles.
Están frescos
los casos de resistencia “beligerante” a la ley de Justicia Universal, llegando
a poner en libertad a Narcotraficantes cuando España es firmante del Tratado
Internacional contra el narcotráfico y por tanto es derecho nacional, sin que
nadie haya tomado medidas disciplinarias contra ellos.
Esta fresca la
sentencia sobre el ERE de Coca Cola, donde el ponente llevaba a limites exorbitantes
el deber de la empresa de informar, no conformándose, como se hizo, con la
entrega de toda la documentación a los sindicatos.
Esta fresca la
declaración del magistrado José Ricardo De Prada en la que señalaba, que a su
parecer, como si a los ciudadanos que le pagamos el sueldo nos importara un
pimiento su opinión, las condenas a
miembros de ETA eran demasiado "altas
y desproporcionadas".
Pues no
contento con ello ahora la Audiencia Nacional exculpa a los 19 imputados por
delitos contra las instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita por
rodear el Parlamento Autonómico catalán e impedir violentamente el acceso al
hemiciclo a los miembros de esta asamblea bajo el peregrino argumento de que “todos ejercieron el derecho fundamental de
manifestación, sin que pueda imputárseles acto alguno que pudiera significar un
exceso o abuso”. “Cuando los cauces de expresión se encuentran controlados por
medios de comunicación privados [...] resulta obligado admitir cierto exceso en
el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación”.
Como muy bien
señala hoy Hermann Tertsch en su columna de hoy en ABC http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20140708&idn=1612946947866
“si las instituciones entregan la calle a la violencia, nuestra democracia se
suicida” y viendo como esta instancia judicial y otras justifican este caso, o el de los acosos o
escraches a los políticos parece que algunos en la Audiencia nacional y otros
ámbitos de la judicatura andarán
empeñados en ello.
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