jueves, 10 de julio de 2014

Otra liberalización pendiente, las ITV. En Comunidades como Andalucía son un monopolio. La competencia aumenta el número de instalaciones, mejora el precio y el servicio.


Recientemente la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ah emitido un informe sobre las ITV.


Sus conclusiones y peticiones a futuro son:

1.-Pide que se pase del régimen de concesiones mayoritario a uno de autorizaciones, en el que el número de operadores no está limitado para realizar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Concluye que la concesión administrativa limita la competencia pues las condiciones están muy homogeneizadas en cada comunidad y el mercado repartido. Qué decir de Andalucía donde solo hay un operador.

En cambio, con la fórmula de la autorización, donde no se puede negar la entrada a quien cumpla los requisitos, "se ha comprobado que se da una intensa dinámica de competitividad... en variables como localización, horarios, servicios adicionales o precios". Añadiendo para ello la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión para que esa lucha no revierta en una peor calidad de los servicios. Por ejemplo, en Madrid funciona en régimen de autorización y el número de centros se ha multiplicado por más de tres desde 2011.

2.-Propone que se eliminen las obligaciones de que cada ITV tenga unas dimensiones y número de líneas de inspección mínimas pues ni estas exigencias ni las restricciones que impone el sistema de concesión administrativa "son necesarios y proporcionales".

3.-Piden liberalizar esta actividad, anulando para ello el actual régimen de incompatibilidades que impide que puedan abrir una ITV todos aquellos que tengan relación con empresas de transporte por carretera, el comercio de automóviles o la gestoría o aseguramiento. Con ello se abriría la puerta a que los concesionarios prestasen este servicio. Es más, estos podrían realizar actividades de venta, reparación e inspección en las instalaciones autorizadas.

4.- Al estar vigente el sistema de concesiones en muchas comunidades Autónomas solicita que como fórmula de transición al régimen de autorización se suspendan el otorgamiento de nuevas concesiones y no se prorroguen las existentes.  De este modo facilitaría la amortización de las instalaciones por los actuales operadores sin que pudieran solicitar daños y perjuicios por la interrupción, antes de su plazo de vigencia, de las actuales.

El seguir estas pautas está en mano de las Comunidades Autónomas y en el caso de Andalucía, al existir un único operador en régimen de monopolio la actuación es aún si cabe más urgente.

Al final a quien se beneficia es al consumidor que no pagamos los sobrecostes de una gestión ineficaz al no existir competencia. Un caso más de administración paralela o casi.

 
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