El origen de la ley de claridad
está en el referéndum de 1995, en que el pueblo de Quebec votó en contra de la
soberanía por un estrecho margen (50,58% a 49,42%). La pregunta del referéndum
resultó controvertida por su ambigua redacción
¿Está usted de acuerdo en que
Quebec debería convertirse en soberano después de haber hecho una oferta formal
a Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de
aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado
el 12 de junio de 1995?
El gobierno canadiense rechazo
las afirmaciones de los soberanistas quebequenses sobre la validez jurídica de
la pregunta del referéndum de1995 en base a que
Que una declaración unilateral de
independencia sería compatible con el derecho internacional.
Que una mayoría del "50% más
uno" sería un umbral suficiente para la secesión, y
Que el derecho internacional
protegería la integridad territorial de Quebec después de la secesión.
Frente a la primera afirmación, la
gran mayoría de los expertos en derecho internacional "no creen que las
entidades constitutivas de un país democrático como Canadá tengan derecho a
declarar unilateralmente la secesión".
Respecto a la segunda, argumentó
que una mayoría por diferencia escasa, que podría desaparecer rápidamente en
medio de las dificultades, sería insuficiente para dar legitimidad política al proyecto
soberanista, habida cuenta de los cambios trascendentales para la vida de los
quebequenses que se derivarían de la secesión.
En lo que respecta a la integridad
territorial de Quebec, se respondió que "no hay ni un párrafo, ni una línea en el derecho internacional que
proteja el territorio de Quebec pero no el de Canadá. La experiencia
internacional demuestra que las fronteras de la entidad que busca la
independencia pueden ponerse en duda, a veces por razones democráticas". Y
ello porque carecía de toda coherencia el argumento según el cual Canadá sería
divisible pero Quebec no.
La Ley de Claridad y sus puntos
clave
De resultas de los anteriores
debates se preparó una ley con los siguientes puntos clave:
La Cámara de los Comunes de
Canadá tiene el poder de decidir si la pregunta del referéndum de un hipotético
proceso de secesión es clara antes de ser sometida a votación.
La Cámara de los Comunes tendría
la facultad de determinar si una clara mayoría se habría producido en un
referéndum, lo que implicaría que algún tipo de mayoría reforzada sería
necesaria para considerar que el resultado del referéndum habría sido favorable
a la secesión.
Que Todas las provincias deben
tomar parte en las negociaciones.
Que la Cámara de los Comunes
tiene el poder de anular una decisión alcanzada en referéndum si estima que se
ha violado alguno de los principios de la Ley de Claridad.
Y por último que la secesión de
una provincia de Canadá requeriría una enmienda a la Constitución de Canadá.
A la vista de ello ¿alguien duda que una norma así nos vendría muy
bien en España?
Máxime si en la misma se
especificaran las consecuencias de tal secesión, salida de la Unión Europea y
del Euro, corresponsabilidad en el pago de la deuda pública, etc. Así nadie se podría
llamar a engaño sobre lo que está decidiendo. Si así y todo se vota que se
quieren separar allá cada cual con las
consecuencias.
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