Viene al caso
esta reflexión al conocerse recientemente la Memoria de la Fiscalía de Sevilla.
En ella se contiene la siguiente afirmación “la tendencia a llevar a
los tribunales la vida política sigue siendo tónica general” y en cuanto a los
Ayuntamientos señala que este fenómeno “…determina la continua revisión de
expedientes de contratación de forma que
la Fiscalía de Sevilla acaba revisando de forma generalizada una gestión
municipal, pervirtiendo el papel que debemos llevar en estos procedimientos”.
Todo ello para
concluir que en contadísimos casos, el 6%, tras el archivo de los casos se
acude por las denunciantes a los tribunales lo que muestra evidentemente “la
escasa convicción que guiaba la denuncia…y la suficiente rentabilización hecha por
parte del denunciante del mero hecho de haber interpuesto denuncia en la
Fiscalía”.
Así la memoria
de la Fiscalía de Sevilla pone de relieve lo que viene siendo tónica habitual a
nivel nacional, autonómico y local, que se fía la caída del contrario en su
encausamiento penal más que en una labor
política de oposición a la gestión
acompañada de propuestas atractivas y realizables para la ciudadanía. Y es que
el dato es para escandalizarse, en 94 de cada 100 casos no se llega a nada,
solo el titular de un día.
Pero es que
además este comportamiento tiene dos efectos perniciosos.
El primero de
ellos es que se ha empleado el escaso tiempo de los fiscales en pérdidas de
tiempo que ralentizan su labor e impiden el diligente funcionamiento de la
justicia. Podríamos ponerles coto a estos denunciantes torticeros si les
aplicáramos la ley de Tasas de la justicia y recuperar, al menos, el coste que
para todos tiene el tiempo dedicado por los funcionarios de la Fiscalía y los
juzgados. Así al menos la próxima vez se lo pensarían dos veces.
Y segundo y no
menos importante, es que consolidan la distorsionada visión que el ciudadano tiene
de la política ,”todos los políticos son iguales”, donde el ruido de las demandas, su traslación
a los medios de comunicación esconde la labor a favor del bien común y del
interés público que desarrolla la mayoría de los gestores públicos en nuestros
ayuntamientos y administraciones públicas.
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